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Amplían a 350 los acusados por el fraude a la Seguridad Social en Granada
La Abogacía del Estado acusa a un total de 350 personas en el caso investigado por el Juzgado de Instrucción 9 de Granada por supuesto fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial a través de un entramado de sociedades ficticias que pudieron defraudar más de 2,5 millones de euros en subsidios.
Este órgano de asistencia jurídica al Estado y otras instituciones públicas ha informado a Efe de que eleva así en dieciséis el número de personas a las que acusa la Fiscalía de Granada, que formuló escrito contra 334 personas, entre supuestos empresarios (8) y trabajadores (326).
Basándose en la ampliación del atestado policial inicial, la Abogacía del Estado, cuyo relato de hechos es “coincidente” en su mayoría con el del Ministerio Público, acusa a un empresario más y a otros quince supuestos trabajadores y formula por tanto su escrito contra 350 personas en total.
Las fuentes han precisado además que la calificación jurídica de la Fiscalía y de la Abogacía es “idéntica” y que ambas consideran los hechos constitutivos de seis delitos de fraude de subvenciones de los que serían responsables como autores o cooperadores necesarios los principales acusados (supuestos empresarios), para cada uno de los cuales piden penas de 18 años de prisión y multas.
A los restantes acusados (trabajadores “ficticios”) se les atribuye, en la solicitud principal, a cada uno un delito continuado de falsedad en documento oficial por el que se enfrentan a tres años de prisión y multas.
Según la acusación pública, una parte de los acusados urdieron un plan para lograr de manera fraudulenta prestaciones y subsidios por desempleo mediante la creación de un entramado de sociedades.
A través de estas sociedades, en ocasiones creadas mediante personas interpuestas, defraudaban al Servicio Público de Empleo Estatal (antiguo INEM) y a la Seguridad Social a cambio de una cantidad de dinero no determinada que era entregada por cada supuesto trabajador.
Para ello, los principales acusados tramitaron presuntamente las altas de los ficticios trabajadores en la Seguridad Social a través de numerosas sociedades creadas al efecto, mediante la presentación en el INEM de un contrato de trabajo ficticio elaborado expresamente para ello.
El trabajador permanecía de alta durante el tiempo imprescindible para acceder al subsidio o prestación por desempleo.
Los acusados presentaban ante el servicio de empleo la documentación necesaria para acceder a los subsidios.
Para la consecución de estos fines se constituyeron y administraron hasta una decena de sociedades con distintos domicilios en Granada y dedicadas todas ellas de forma ficticia a la construcción.
Los supuestos empresarios dieron de alta en la Seguridad Social a todas esas sociedades, que carecían de actividad en el sector de construcción y tampoco tenían domicilio real.
En otras ocasiones la finalidad perseguida era el favorecimiento en la concesión de permisos de trabajo a ciudadanos extranjeros a través de los certificados de empresa correspondientes.
Según las fuentes, una vez que las acusaciones han formulado sus escritos, el Juzgado de Instrucción 9 de Granada deberá dictar auto de apertura de juicio oral y dar traslado a los acusados para que presenten sus escritos de defensa; posteriormente las actuaciones se elevarán a la Audiencia de Granada, encargada de juzgar los hechos.
