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El alcalde de Gójar irá a juicio desde el 5 de noviembre por delitos urbanísticos
El alcalde de Gójar y diputado provincial, Francisco Javier Maldonado (PP), será juzgado desde el próximo 5 de noviembre en la Audiencia por la presunta concesión ilegal de 3 licencias para casetas de aperos, por lo que la Fiscalía le pide 9 años y medio de cárcel y 14 años de inhabilitación.
Maldonado será juzgado junto a otros siete acusados por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio, falsificación de documento público y falsificación de documento oficial.
En el juicio, que se celebrará del 5 al 9 de noviembre, el regidor de Gójar está imputado junto al socialista Pedro Clavero, otros cuatro concejales con responsabilidad en el equipo de gobierno de Maldonado y el arquitecto que realizó los informes urbanísticos.
Según consta en el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, el alcalde responderá a las peticiones de nueve años y medio de prisión por los tres delitos y otros catorce de inhabilitación para un cargo público.
El Ministerio Fiscal mantiene la petición de penas de entre uno y cuatro años y medio de cárcel para el resto de los acusados, entre los que está la secretaria municipal, un secretario habilitado por el Ayuntamiento en aquella época, el arquitecto municipal, la concejal de Urbanismo, el primer teniente de alcalde y dos ediles de la corporación que asistieron a la comisión informativa en la que se aprobó por unanimidad conceder las tres licencias.
Según el escrito de la Fiscalía, los acusados acordaron conceder la licencia de las tres casetas de aperos pese a que no tenían la superficie mínima exigida en el PGOU para poder construir.
Lo hicieron además con informes desfavorables del técnico municipal y prescindiendo del informe jurídico preceptivo “a efectos de evitar que éste incidiese negativamente en la ilegalidad manifiesta”, según la Fiscalía, que atribuye al alcalde un delito de falsificación en documento público porque supuestamente modificó el sentido del informe del técnico municipal que decía que no podían otorgarse las licencias por incumplir los requisitos del PGOU.
El otro delito de falsificación de documento oficial que le atribuye se deriva de la supuesta alteración y falseamiento del PGOU, dado que se publicó un plan de ordenación urbana que no se correspondía con el aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo para dar cobertura legal a las licencias otorgadas, según el fiscal.
El Ministerio Público también pide la nulidad de la norma aprobada y de las licencias autorizadas, así como la demolición de las obras que se hayan llevado a cabo en virtud de dichas licencias.
