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El fiscal pide 4 años de cárcel y 18 de inhabilitación para el exalcalde de Atarfe
La Fiscalía de Granada ha solicitado en sus conclusiones provisionales 4 años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de Atarfe, el socislista Víctor Sánchez, por delitos de prevaricación ordinaria y urbanística y malversación de caudales públicos. El exregidor deberá sentarse el próximo 13 de noviembre en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Granada junto al consejero delegado de la empresa municipal de suelo “Proyecto Atarfe”, y el arquitecto y el secretario municipales.
Según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el arquitecto municipal, Luis Gustavo G.C., se enfrenta a una petición de inhabilitación y cárcel idéntica a la de Sánchez, mientras que para cada uno de los otros dos acusados, Antonio I.G. y José Antonio L.G., se solicitan 10 años de inhabilitación y tres de cárcel.
La Fiscalía mantiene que los acusados participaron, a partir de 2005, en una operación urbanística con la que consiguieron modificar “ilícitamente” el tipo de construcción permitida en un determinado terreno de la localidad, con un aumento de su edificabilidad e infringiendo manifiestamente la ley.
Una vez aprobado un estudio detalle, con cambio de tipología y aumento de edificabilidad que vulneraron de la normativa urbanística, el entonces alcalde concedió licencias de obras para la construcción de bloques de viviendas plurifamiliares con el informe del arquitecto municipal.
En septiembre de 2005, explica la Fiscalía, se aprobó además un proyecto de reparcelación en virtud del cual se adjudicaba al Ayuntamiento una parcela de más de 1.900 metros cuadrados como compensación de un aprovechamiento urbanístico.
A partir de entonces, los acusados llevaron a cabo presuntamente la enajenación ilícita del referido patrimonio municipal, sin cumplir los procedimientos legalmente establecidos.
En concreto, en mayo de 2006, llegaron a vender una parcela por un precio de 123.000 euros -según la tasación del arquitecto municipal- contraviniendo las disposiciones reguladoras ya que la valoración correcta ascendería a más de 165.000 euros, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales.
Posteriormente, en febrero de 2007, también se infringió lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) al enajenar mediante adjudicación directa a una empresa una finca que pertenecía al patrimonio público del suelo, según la Fiscalía.
La acusación pública señala que estas operaciones comerciales se llevaron a cabo con el consentimiento y conocimiento del secretario municipal, que dejó de desempeñar sus obligaciones como garante del cumplimiento de la ley.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía señala que procede declarar la nulidad del estudio de detalle y de las escrituras de compraventa implicadas o, en su caso, que los acusados indemnicen al municipio en las cantidades no percibidas.
