El juez decidirá sobre la ampliación de la denuncia por Mercamed tras concluir las declaraciones

El Juzgado de Instrucción 6 de Granada decidirá sobre si admite o no a trámite la ampliación de la denuncia de Diputación por el caso de las supuestas contrataciones irregulares durante el anterior mandato en la institución provincial (PSOE-IU) en la feria empresarial ‘Mercamed’ en Tetúan y el proyecto de un museo en Chaouen, en Marruecos, después de que hayan concluido todas las declaraciones programadas, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

Ya han comparecido los trece imputados, entre los que se encuentran el exvicepresidente de la Diputación, Julio Bernardo (IU), que se trasladó a la sede judicial el pasado 1 de octubre, la pareja del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, la que fuera coordinadora del proyecto ‘Magrec’, el museo, y el exdirector del área de Cultura, Juventud y Cooperación Local, que dependía de IU, Jorge López, entre otros, y este mes de octubre estaban previstos los testimonios de otros tres testigos, si bien uno de ellos se ha aplazado hasta el 5 de noviembre, fecha a partir de la cual el magistrado Miguel Ángel del Arco se pronunciará sobre si imputar a más personas.

Concretamente, la Diputación, personada en el caso, anunció que había presentado ante el Juzgado una ampliación de su denuncia que incluye a seis empresarios más y a la diputada de IU Asunción Pérez Cotarelo.

Si el magistrado acepta esta ampliación, el número de imputados, por delitos como prevaricación, malversación de fondos públicos o falsedad documental, pasaría a un total de 21, incluyendo a cargos o excargos públicos.

Según afirmaba en rueda de prensa la diputada provincial de Empleo y Desarrollo Provincial, María Merinda Sádaba, lo que une a Pérez Cotarelo a la supuesta “trama” es el documento por el que Bernardo delegó en la diputada facultades de seguimiento de Magrec y un contrato posiblemente ilegal que suscribió a través de una empresa intermediaria para el alquiler a un particular de una casa en Chaouen para instalar el museo, cuyo proyecto elaboró la pareja del portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada, Francisco Cuenca, también imputada en la causa.

En el caso de los seis empresarios –cinco de Madrid y uno de Granada–, entre los que figuran los tres que interpusieron la denuncia contra Sádaba –posteriormente archivada–, la Diputación ha encontrado expedientes con “presupuestos de dudosa legalidad” y contrataciones por tanto posiblemente irregulares.

ANTECEDENTES DEL CASO

El caso fue trasladado al Juzgado por la Fiscalía Provincial de Granada, que denunció a 13 personas por la posible comisión de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y varios relacionados con la falsificación de documentos mercantiles, algunos de ellos con penas de prisión.

Fue la Fiscalía la Superior de Andalucía la que, a través de su Unidad de Policía Judicial, inició la investigación del caso, y concluyó que los hechos arrojaban “suficientes indicios para suponer” que, dentro del proyecto conocido como Mercamed (incluido en el Programa Poctefex, financiado en un 80 por ciento con fondos europeos) algunos responsables de la Diputación, en especial el que fuera su vicepresidente segundo, favorecieron con sus actuaciones que las sociedades del empresario identificado como A.R.M. pudieran realizar trabajos para el organismo provincial en contra de la legislación vigente en materia de contratación pública, porque no estaba al corriente en el pago de sus obligaciones con la Administración Tributaria y la Seguridad Social.

El exvicepresidente, según la Policía, buscó el método “que amparase el cobro”, haciendo constar la contratación formal con otras empresas “que se limitaban a solicitar la adjudicación, facturar y previamente subcontratar” con las sociedades de A.R.M., “dando una apariencia de legalidad a los expedientes administrativos que fueron incoados para autorizar los pagos” por los servicios desarrollados con ocasión de la feria Mercamed, que tuvo lugar en Tetuán los días 26, 27 y 28 de mayo de 2011.

Entiende la Policía Judicial que en este caso existieron “dos tramas”. Con la primera, según constaba en el decreto fiscal, se trataron de cubrir las irregularidades que se habrían cometido para que A.R.M. realizara el trabajo “cuando legalmente no podía hacerlo”, y con la segunda, se procuró que los servicios fueran prestados por una empresa marroquí, Juridicus Maroc, por los problemas administrativos surgidos en la frontera, “llevando a cabo posteriormente diversas actuaciones administrativas para que tuviera lugar la participación de la Diputación en el evento y se abonaran los servicios realmente prestados”.

“En resumen, tuvo lugar el cobro de diversas cantidades por parte de las anteriores que, en algún caso, devuelven o entregan el dinero al empresario A.R.M. y, en otro, comunican a la Diputación que han cobrado una cantidad determinada sin realizar servicio alguno”, indica la Policía en su informe.

SUPUESTA IMPLICACIÓN DE LA MUJER DE CUENCA

Al margen de esto, la Policía Judicial también indagó en otro de los proyectos realizados en Marruecos, en concreto Magrec, en el que supuestamente está implicada la empresa ‘Artefacto Gestión Cultural’ cuya titular es la pareja del portavoz socialista en el Ayuntamiento, Francisco Cuenca. Según el informe policial, esta empresa se adjudicó un proyecto, por importe de unos 4.700 euros según la Diputación, para el diseño del proyecto museográfico para el Centro de la Memoria Yebala, en la ciudad de Chaouen.

La adjudicación tiene lugar con base en el presupuesto presentado por ‘Artefacto’, en competencia con otros dos de distintas empresas, de los cuales “uno es totalmente falso” y otro “de dudosa autenticidad”.

Además, la empresa de la pareja de Cuenca también participó supuestamente en otro expediente, para la dirección y ejecución del proyecto museográfico del mismo centro, que no llegó a realizarse pero que sí contaba con toda la documentación preparada para el pago, solo pendiente de firma y con el nombre de la empresa “sin que tan siquiera se hubiera realizado el trabajo”, según se señala en el informe, que después sirvió de base a la Fiscalía Provincial para abrir diligencias y redactar su denuncia ante el juez.