El alcalde de Otura se enfrenta a dos años de cárcel y 18 de inhabilitación por delito urbanístico

El recién proclamado alcalde de Otura (Granada), Pedro Cabanillas (PP), que ha llegado al cargo después de que su antecesor, Ignacio Fernández-Sanz, presentara su dimisión por motivos de salud y discrepancias con su equipo de gobierno, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados por un posible delito de prevaricación urbanística y otro de prevaricación ordinaria en la concesión de unas licencias para una urbanización que aún no había sido terminada ni recepcionada, en contra del criterio de los técnicos.

La Fiscalía Provincial pide para Cabanillas dos años de cárcel y 18 de inhabilitación especial para empleo o cargo público, unas penas que el Ministerio Público también solicita para los concejales Ignacio Pérez y María Dolores Dobaño, que suscribieron como miembros de la Junta de Gobierno local la operación. El fiscal eleva además las penas para al exalcalde del municipio y actual edil del PP Ignacio Fernández-Sanz al que acusa además de un tercer delito de prevaricación ordinaria continuada, por lo que se enfrenta a 28 años de inhabilitación y dos años de prisión.

Los hechos se remontan al pasado 23 de julio de 2007, cuando Fernández-Sanz y el resto de miembros de la Junta de Gobierno local –entre ellos el que ahora es alcalde– adoptaron “unánimemente” un acuerdo relativo a la concesión de licencia de ocupación para cuatro viviendas de una urbanización en el Plan Parcial Sector 5 de desarrollo de las Normas Subsidiarias, “conscientes, no obstante, de que este proceder era contrario” a la normativa urbanística vigente, puesto que se prohíbe expresamente que se otorgue “sin la previa finalización de las obras”, según consta en el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, al que ha tenido acceso Europa Press.

Este extremo, según el fiscal, “les había sido advertido por parte de la técnico municipal” en un informe del 18 de julio de 2007 a los concejales y al alcalde, que además, “prescindieron del preceptivo informe jurídico sobre adecuación del acto a la legalidad”, pese a que la “omisión” también fue advertida por el secretario.

Del mismo modo, el 1 de octubre de 2007, la Junta de Gobierno Local “también de forma unánime” votó favorablemente la adopción de tres acuerdos por los que se concedía licencia de ocupación para 46 viviendas en la misma urbanización y “con idénticas infracciones legales”, puesto que no estaban terminadas y las obras no habían sido aún recepcionadas por el Ayuntamiento, se actuó en contra del criterio de la técnico municipal y se prescindió del preceptivo informe jurídico.

La concesionaria de la obra pública de urbanización pidió al Ayuntamiento su recepción parcial, pero el arquitecto técnico municipal emitió un informe desfavorable que alertaba de “importantes defectos y omisiones”, entre otros aspectos. No obstante, pese a este informe, la Junta de Gobierno, ya el 29 de octubre de 2007, y nuevamente con el voto unánime de todos sus miembros, acordó la recepción de las obras “sin ninguna referencia a su carácter parcial”, condicionándola a que se subsanaran las deficiencias en el plazo de 90 días.

LA DECISIÓN DE FERNÁNDEZ-SANZ

Al transcurrir tan sólo 15 días y en virtud de un escrito de la empresa en el que se afirmaba que las deficiencias habían sido corregidas, el alcalde de Otura tomó la decisión de poner fin al procedimiento, “cualquiera que fuese el estado de las obras de urbanización” y el 14 de noviembre ordenó a la técnico municipal que emitiera informe sobre la subsanación de las deficiencias.

Ésta, que constató que seguían sin presentarse documentos esenciales, volvió a informar en contra de la recepción, pues no se ajustaba a las fases del plan parcial y se incumplían algunas de las condiciones puestas por la Junta de Gobierno Local, pero, pese a esto, el alcalde, “llevado de la determinación de proceder a la recepción total y definitiva de las obras de urbanización aun prescindiendo de las normas y garantías legales aplicables”, dictó una resolución en la que dio por subsanadas los defectos y por cumplidas las condiciones señaladas. Ya el 20 de noviembre, a pesar de la nueva reticencia del técnico municipal, firmó el acta de recepción de la totalidad de las obras.

Por todo, la Fiscalía solicita, además de la pena de cárcel e inhabilitación, que se declaren nulas las licencias que fueron aprobadas y las resoluciones adoptadas en igual sentido por el Ayuntamiento, para que se proceda al restablecimiento de la legalidad urbanística “perturbada”.

El Juzgado de Instrucción de Primera Instancia e Instrucción 2 de Santa Fe ya ha transformado en procedimiento abreviado las diligencias incoadas a este respecto, por lo que los procesados están a un paso de ser juzgados. Por ahora, ya han presentado sus escritos de calificación de los hechos las acusaciones, y están pendientes los de la defensa. Una vez recibidos, la fecha de la vista, que previsiblemente tendrá lugar en un Juzgado de lo Penal, tendrá que ser señalada, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.