La Asociación de Vecinos del Zaidín considera que “no hay ninguna ley” que obligue a los miembros de su junta directiva a pagar, como responsables solidarios, la sanción de 7.500 euros impuesta por el Ayuntamiento de Granada por la celebración sin licencia del Festival de Rock y llevarán el asunto al Juzgado si persiste en reclamarles la deuda.
La multa se corresponde con una sanción en grado medio por incumplimiento de la normativa después de que el pasado septiembre se celebrara la 32º edición del Festival, el decano de los gratuitos en España, sin permiso municipal y con el “agravante” de que los organizadores conocían este extremo cuando decidieron seguir adelante con los conciertos.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de la asociación de vecinos, Antonio Ruiz, ha relatado que los miembros de la junta directiva presentaron hace unos días alegaciones individuales a esta sanción bajo el argumento de que la asociación tiene entidad jurídica y por tanto ellos no tienen por qué responsabilizarse de la multa.
Para Ruiz, “esto es como si los miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento tuvieran que responder de la deuda generada en las arcas municipales”, a pesar, ha dicho, “de que ellos cobran y nosotros no”.
El presidente de la Asociación de Vecinos del Zaidín tampoco está de acuerdo con los motivos esgrimidos por el Consistorio para imponer esta multa, al asegurar que la asociación presentó ante el área de Medio Ambiente la misma documentación que en años anteriores. A su juicio, la licencia no les fue concedida como “represalia” después de que el barrio decidiera celebrar sus fiestas, cuando otros muchos no lo han hecho ante el descenso de las ayudas municipales.
“Si otros años nos dieron la licencia con la misma documentación y resulta que no estaba correcta, pues entonces el Ayuntamiento ha prevaricado” y “habrá que verlo en los juzgados”, ha advertido Ruiz, quien ha lamentado que el consistorio haya decidido imponer la multa pese a que “al final” no se produjo ningún incidente.
Esto le ha llevado a acusar al equipo de gobierno de tener un “afán recaudatorio sin límite” y le ha advertido de que tendrá que ser “un juez quien nos diga que paguemos”.