La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge este martes el juicio contra dos empresarios de la construcción acusados de realizar una serie de operaciones para ocultar sus bienes y saldos bancarios con el fin de eludir los pagos de sus deudas, y dificultar cualquier gestión de cobro antes de que su sociedad se declarara en concurso necesario de acreedores, hechos por los que se enfrentan a una petición fiscal de cuatro años de prisión y multa de 9.000 euros.
Los empresarios, Andrés P.G.A, de 52 años y sin antecedentes penales, y Tarsicio R.M., de 64, e igualmente sin antecedentes, se enfrentan a una condena por la posible comisión de un delito de insolvencia punible.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, fue el procesado identificado como Andrés P.G.A., en su condición de administrador único de la mercantil Husga S.L., dedicada a actividades relacionadas con la construcción, quien realizó, con carácter previo a que el juez declarara a la sociedad en concurso de acreedores, una serie de operaciones “tendentes a la disposición de bienes y saldos bancarios a terceros” para intentar evitar pagar sus deudas, ocultando la titularidad mismos de cara a eventuales acciones judiciales “claramente previsibles”, y todo sin respaldo documental alguno que lo justificara.
Además, Andrés P.G.A. y el otro inculpado, que había ostentado con anterioridad el cargo de administrador solidario de Husga y como representante legal de la empresa Ecoclima, procedieron mediante escritura pública de fecha 7 de julio de 2004a transmitir a esta segunda sociedad tres locales propiedad de la primera por un precio de 190.000 euros, aunque su importe de tasación era de más de 310.000, de los que 142.334 se declaraban recibidos de la compradora y que sin embargo no fueron ingresados en las cuentas de la empresa.
Igualmente, P.G.A. transfirió, entre los meses de junio a agosto de 2006, a otra sociedad de la que era también administrador, Cenyt Granada, y en la que era socia su esposa, un total de 438.600 euros, con el mismo fin, el de evitar el pago de sus deudas.
Además de la pena de prisión, el fiscal pide que se anule la escritura pública por la que se transmitieron a Ecoclima los tres locales de Husga, y que Andrés P.G.A., con la responsabilidad civil subsidiaria de sus empresas, indemnice a sus acreedores en la cantidad de 438.600 euros.
AGENCIAS / EFE