“Stop Desahucios” pide una moratoria en el pago de hipotecas y anuncia más contundencia

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Es la banda sonora de esta mañana. Palabras durísimas contra las administraciones, contra el sistema y contra el gobierno. El Grupo Stop Desahucios se ha concentrado este mediodía ante la Subdelegación para pedir explicaciones al Gobierno por la muerte ayer de un vecino de La Chana cuando estaba a punto de ser desahuciado de su vivienda. Pepe Iglesias, el abogado de la plataforma, avisa de un problema que está creciendo como la espuma: los desahucios crean graves problemas de salud.

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La manifestación ha empezado en la Subdelegación y ha terminado en la oficina de Caja Rural de Granada, entidad con la que el fallecido José Miguel Domingo había contratado su hipoteca.

Caja Rural ha emitido esta tarde un comunicado que puedes consultar en este enlace.

El Grupo Stop Desahucios ha anunciado que va a cambiar de estrategia porque el diálogo y la intermediación con los bancos no da resultado.

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En el ámbito político, el PSOE ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso de Luis de Guindos, el ministro de Economía.

La Junta de Andalucía ha pedido cambios en la ley hipotecaria, Izquierda Unida llevará el asunto al Congreso y el Gobierno ha asegurado que es consciente del problema.

El Defensor del Pueblo Andaluz pide un cambio legal que evite los desahucios

El Defensor del Pueblo Andaluz ha denunciado hoy el sistema de ejecución hipotecaria existente en España, que promueve los desahucios, y ha pedido un cambio de legislación que evite situaciones extremas como el suicidio ocurrido ayer en Granada de un hombre que iba a perder su vivienda

Esta institución ha denunciado, “una vez más”, la persistencia en España de una regulación de la deuda hipotecaria “que además de ser manifiestamente injusta y anacrónica está contribuyendo a agravar las consecuencias de la crisis” a muchas familias porque las aboca “a la marginalidad y la exclusión social”, según un comunicado.

Chamizo ha expresado su “profundo pesar” por la “terrible decisión personal desesperada” ocurrida ayer en Granada de un ciudadano andaluz “llevado por la desesperación” ante la inminencia del previsto desahucio de su vivienda.

Esta institución cree “imprescindible” acometer “con la mayor urgencia” un cambio en la normativa que regula la ejecución por impago de deuda hipotecaria para “dotar de mayor equidad a estas ejecuciones, reforzando los derechos de los deudores frente a las entidades financieras y posibilitando que los jueces puedan intervenir en salvaguarda de los derechos de deudores de buena fe”.

Chamizo también cree “inaplazable” que se regule la situación de las familias con sobreendeudamiento para que puedan afrontar sus deudas “de una forma ordenada y razonable, que no comporte ni su ruina, ni la pérdida de su hogar, ni su endeudamiento de por vida”.

En su opinión, el código de buenas prácticas promovido por el Gobierno como alternativa a la pérdida de la vivienda para deudores situados en el umbral de la exclusión social “se ha revelado insuficiente e ineficaz por exigir unos requisitos que pocos ciudadanos pueden cumplir por la resistencia de las entidades financieras a aplicarlo”.

“Debemos denunciar que los muchos compromisos para dar efectividad al principio de la dación en pago como fórmula liberatoria de deudas hipotecarias siguen sin concretarse ni hacerse realidad, mientras los desahucios se multiplican”, ha censurado Chamizo.

El Defensor del Pueblo andaluz ha recordado que estas medidas se reclaman “desde muchos ámbitos” civiles y desde esta institución “desde hace ya bastante tiempo, sin que hasta la fecha hayan sido debidamente atendidas”.

“La insuficiente respuesta de los poderes públicos para garantizar el acceso y disfrute a una vivienda digna y adecuada no puede verse agravada por la incapacidad de poner en marcha medidas destinadas a impedir la privación de este derecho constitucional a quienes, ya, estaban disfrutando del mismo”, ha aseverado Chamizo.

Para el Defensor del Pueblo andaluz, “más allá del impacto de una decisión personal dramática”, los poderes públicos “deben acometer con urgencia las respuestas legales justas e inteligentes ante un problema social que no admite más demoras”.

“Un día, una mujer asesinada, Ana Orantes, despertó a quienes dormitaban y daban excusas ante la violencia de género. Baste con la memoria de José Miguel Domingo para provocar esa respuesta justa que toda la sociedad aguarda”, ha concluido.