Familias afectadas por las expropiaciones del Metro se encierran hoy en la sede de la Junta

Las familias afectadas por los impagos de las expropiaciones del metro en el tramo que discurre entre Albolote y Maracena (Granada) han anunciado que a partir de las 10,00 horas, se encerrarán en la Delegación del Gobierno andaluz en Granada “sin límite de fecha” hasta que se resuelva su problema, y mañana martes continuarán con las pitadas que vienen realizando desde hace meses de manera semanal.

Las expropiaciones se realizaron en 2006 para la construcción del metro en unos terrenos de suelo industrial situados en el Polígono Juncaril, si bien el acuerdo con la Junta no fue suscrito hasta mayo de 2010. Desde entonces los afectados han reclamado sin éxito el abono del dinero.

El pasado 18 de septiembre el delegado de Fomento, Vivienda, Turismo y Comercio de la Junta en Granada, Manuel Morales, se reunió con los perjudicados, y les expuso las diferentes fórmulas en las que está trabajando la Administración autonómica para poder hacer frente a la deuda, que alcanza los nueve millones de euros.

Morales señaló entonces que su departamento es consciente de que los afectados son pequeñas empresas de la construcción y familias, por lo que consideró prioritario atender esta “urgencia social”. Por ello, ha mantenido varias conversaciones con la Consejería de Fomento respecto a este asunto y confía en alcanzar una solución satisfactoria para ambas partes, aunque aún no se ha producido.

Una de las opciones que baraja su departamento es fraccionar los pagos ante la imposibilidad de afrontar el conjunto de la deuda. Los servicios jurídicos de la Junta estudian ahora la fórmula para hacerlo, ya que por los cauces habituales no se contempla esta medida.

LOS AFECTADOS

Por su parte, José Hidalgo, el representante de las cinco empresas y la veintena de familias afectadas, agradeció el interés mostrado por el delegado en este asunto, si bien matizó que ya existían tres fraccionamientos para el pago de las expropiaciones y que el colectivo no está dispuesto a que le den una cifra menor a lo acordado en su momento.

“Los expedientes ya los tenemos fraccionados por fincas, siendo el primero de tres millones de euros y si ahora nos dan 100.000 euros por ejemplo no nos solucionan nada”, ha explicado el empresario.

El colectivo se ha estado concentrando cada martes durante los últimos meses a las puertas de la sede de la Junta, porque aseguran que su situación es “desesperada” pues contaban con este dinero para hacer frente a sus compromisos económicos y ahora no pueden hacerlo.

En el asunto también está implicado el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, quien ha admitido a trámite la petición que realizaron estas personas para que medie en el problema.