Los sindicatos de la Diputación denuncian recortes “mientras el presidente despilfarra”

Los trabajadores de la Diputación Provincial alzan la voz ante lo que consideran unas medidas de austeridad abusivas e hipócritas, que sólo afectan a los trabajadores y que permiten al actual equipo de gobierno seguir viviendo a cuerpo de rey. Representantes sindicales de UGT, Comisiones Obreras, CSIF y USO se han concentrado esta mañana en la puerta de la Diputación para protestar por una paulatina pérdida de derechos.

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Los sindicatos han presentado una serie de fórmulas de ahorro para que no sean los trabajadores los únicos afectados por los recortes. Reclaman que los sueldos de los diputados que también son alcaldes sean compartidos por sus municipios, como los 78.000 euros que cobra Luisa García Chamorro, alcaldesa de Motril, o los 70.000 que cobra José Antonio Robles, alcalde de Guéjar Sierra, lo que ahorraría unos 230 mil euros a las arcas de la Diputación; poca cosa eso sí en comparación con el millón y medio de euros que supone el personal elegido a dedo, asesores y coordinadores; o la gran flota de vehículos, o los 250 mil euros que acarrea la caseta del ferial. En total, los sindicatos estiman que hay un gasto de 7 millones y medio que se podría evitar si el equipo de gobierno bajara de la nube y la opulencia en la que vive.

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Los sindicatos también han denunciando un gasto en Diputación de algo más de un millón de euros en la maquinaria propagandística. 200 mil euros en la subvención a TG7 y más de 800 mil en publicidad y propaganda por toda la provincia.

El presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, ha sido objetivo directo de las denuncias de los cuatro sindicatos. Atención a las cifras; los sindicatos atribuyen directamente a Sebastián Pérez los siguientes gastos: 66 mil euros del jefe de gabinete de la Presidencia; 52 mil euros de la secretaria particular de la Presidencia; 66 mil euros del coordinador de la Presidencia. Además, han bautizado a su blindado coche particular como el ‘Pérez Force One’, un cochazo de gama alta y blindado del que hace uso permanentemente y que cuesta nada menos que 100 mil euros. En total, al predicador de la austeridad, los sindicatos le atribuyen un despilfarro de 282 mil euros.