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El alcalde de Gójar atribuye a una cascada de errores su imputación urbanística
El alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado, ha atribuido hoy a una “cascada de errores” su imputación por delitos urbanísticos y falsificación de documentos, por los que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de 10 años y de prisión y otros catorce de inhabilitación para cargo público.
El regidor, también diputado provincial del PP, ha declarado a los periodistas, antes del inicio del juicio, que todo se debe a un error en la transcripción de una comisión y ha recalcado su inocencia y que fue el Ayuntamiento, durante su mandato, el que puso la denuncia que provocó la investigación del caso.
La Fiscalía le atribuye delitos contra la ordenación del territorio, falsificación de documento público y de documento oficial, los tres relacionados con la concesión de licencias para edificar tres casetas de aperos.
Todo parte de una comisión informativa de Urbanismo celebrada en diciembre del 2003 en el Ayuntamiento de Gójar, tras la cual se concedieron las tres licencias.
El alcalde de Gójar ha repetido durante el juicio que todo se debió a un error en cadena, por un informe mal transcrito, un hecho ratificado por el secretario habilitado por el Ayuntamiento y también imputado en el caso.
Maldonado ha reconocido que una de las licencias tenía un informe técnico desfavorable, que en el acta se reescribió como favorable, y que para las otras dos el informe era también negativo.
“Pero es que entre el informe técnico y la celebración de la comisión pasaron cosas, por eso el cambio”, ha declarado el alcalde de Gójar.
Ha explicado además que el día después de la comisión de Urbanismo estaba citado para la comisión provincial que aprobaría el PGOU de Gójar, un documento que sí permitiría la construcción de dos de las casas de aperos.
Maldonado ha detallado que para evitar que los interesados reiniciaran toda la tramitación y por sugerencia del técnico decidieron aprobar la concesión de licencias, aunque condicionadas a la publicación del nuevo PGOU, a pesar del informe desfavorable.
El Ministerio Fiscal mantiene la petición de penas de entre uno y cuatro años y medio de cárcel a otros siete acusados, entre los que está la secretaria municipal, un secretario habilitado por el Ayuntamiento en el momento de los hechos, el arquitecto municipal, la concejal de Urbanismo, el primer teniente de alcalde y dos ediles de la corporación que asistieron a la comisión informativa.
Los concejales del equipo de Gobierno durante los hechos han ratificado la declaración del alcalde y han repetido que todo se debió a un error en el acta.
El también imputado Pedro Clavero, exalcalde de Gójar por el PSOE, ha negado que durante la comisión informativa se explicara que las licencias se darían condicionadas y ha dicho que no se opuso porque el informe era desfavorable y entendía que no se concederían.
Clavero ha detallado además que no descubrió las modificaciones en el documento del PGOU de Gójar hasta que no fue elegido alcalde, en el 2007, y que fue entonces cuando pidió los informes pertinentes.
El secretario accidental responsable de esas actas ha reconocido que confundió desfavorable por favorable a la hora de transcribir el acta.
A este juicio se ha referido hoy la vicesecretaria de Política Municipal del PP de Granada, Ana Vanessa García, que ha manifestado su respeto por la justicia y ha pedido esperar al desenlace.
En cualquier caso, ha precisado que los estatutos del PP impiden la inclusión de condenados pero no de imputados, a diferencia, dice, del PSOE, que pese a ello, “no solo tiene a muchos imputados, sino a cargos públicos en la Diputación que han sido condenados”.
