El alcalde de Gójar (PP), a juicio por posible delito urbanístico

La Audiencia de Granada juzgará desde hoy lunes al alcalde de Gójar y diputado provincial del PP, Francisco Javier Maldonado, para el que la Fiscalía ha solicitado nueve años y medio de cárcel y otros catorce de inhabilitación por la presunta concesión ilegal de tres licencias para casetas de aperos.

Maldonado será juzgado junto a otros siete acusados por los supuestos delitos contra la ordenación del territorio, falsificación de documento público y falsificación de documento oficial.

En el juicio, que se prolongará toda la semana, el alcalde de Gójar comparte la imputación con el que también fuera regidor del municipio granadino, el socialista Pedro Clavero, otros cuatro concejales con responsabilidad en el equipo de Gobierno de Maldonado, y el arquitecto que realizó los informes urbanísticos.

Según consta en el escrito de Fiscalía, al que ha tenido acceso Efe, el alcalde responderá a las peticiones de nueve años y medio de prisión por los tres delitos y otros catorce de inhabilitación para un cargo público.

El Ministerio Fiscal mantiene la petición de penas de entre uno y cuatro años y medio de cárcel para el resto de los acusados, entre los que está la secretaria municipal, un secretario habilitado por el Ayuntamiento en 2003, cuando sucedieron los hechos, el arquitecto municipal, la concejal de Urbanismo, el primer teniente de alcalde y dos ediles de la corporación que asistieron a la comisión informativa en la que se aprobó por unanimidad conceder las tres licencias.

Según el escrito de Fiscalía, los acusados acordaron conceder la licencia de tres casetas de aperos pese a que no tenían la superficie mínima exigida en el PGOU para poder construir.

Lo hicieron además con informes desfavorables del técnico municipal y prescindiendo del informe jurídico preceptivo “a efectos de evitar que éste incidiese negativamente en la ilegalidad manifiesta”, según la Fiscalía, que atribuye al alcalde un delito de falsificación en documento público porque supuestamente modificó el sentido del informe del técnico municipal que decía que no podían otorgarse las licencias por incumplir los requisitos del PGOU.

El otro delito de falsificación de documento oficial que le atribuye se deriva de la supuesta alteración y falseamiento del PGOU, dado que se publicó un plan de ordenación urbana que no se correspondía con el aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo para dar cobertura legal a las licencias otorgadas, según el fiscal.

El Ministerio Público también pide la nulidad de la norma aprobada y de las licencias autorizadas, así como la demolición de las obras que se hayan llevado a cabo en virtud de dichas licencias.