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Un funcionario admite que cometió un error al aplicar un artículo del PGOU de Gójar
El funcionario que transcribió el acta que abrió el proceso para conceder tres licencias de construcción para unas casetas de aperos, que sienta en el banquillo al alcalde de Gójar (Granada), Francisco Javier Maldonado, ha reconocido hoy que cometió un error en la aplicación de un artículo del PGOU.
El técnico municipal ha comparecido como testigo en el juicio que se celebra en la Audiencia de Granada y en el que, además del actual regidor, están acusadas otras siete personas, entre ellos la secretaria municipal, el arquitecto municipal, la edil de Urbanismo, y ediles de la corporación que asistieron a la comisión informativa.
El funcionario ha admitido que cometió un error al aplicar un determinado artículo de la planificación urbanística de la localidad, lo que daba validez a la construcción de las casetas.
Posteriormente, en la comisión de Gobierno, se puso de manifiesto que se había cometido esa equivocación, pero se decidió otorgar la licencia, condicionándola a la posterior aprobación y publicación definitiva del Plan de Ordenación Urbana del Municipio al que al día siguiente daría luz verde la Comisión Provincial de Urbanismo.
Este testigo ha insistido en que con la aplicación del anterior plan de urbanismo nunca se hubieran podido autorizar las licencias, pero sí con el nuevo, y ha mostrado su extrañeza por el cambio hecho por la Comisión Provincial en la redacción del articulado que se refiere a la superficie mínima necesaria para poder construir casetas de aperos.
Además de este funcionario han declarado otros testigos, entre ellos agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) que investigaron una construcción en una parcela propiedad de una de las personas a las que se había concedido la licencia errónea.
En la primera jornada de la vista oral, el alcalde atribuyó ayer a una “cascada de errores” su imputación por delitos urbanísticos y falsificación de documentos, por los que se enfrenta a una petición de la Fiscalía de diez años de prisión y otros catorce de inhabilitación para cargo público.
La Fiscalía le atribuye delitos contra la ordenación del territorio, falsificación de documento público y de documento oficial, los tres relacionados con la concesión de licencias para edificar tres casetas de aperos.
Todo parte de una comisión informativa de Urbanismo celebrada en diciembre de 2003 en el Ayuntamiento de Gójar, tras la cual se concedieron las tres licencias.
Maldonado repitió durante el juicio que todo se debió a un error en cadena, por un informe mal transcrito, un hecho ratificado por el secretario habilitado por el Ayuntamiento y también imputado en el caso.
