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La secretaria del PSOE “apoya y respeta” la decisión de Santa Fe de pedir un adelanto de elecciones
La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, ha manifestado que “apoya y respeta” la decisión del Ayuntamiento de Santa Fe (Granada) de pedir ante el Consejo de Ministros la disolución de la corporación y la convocatoria de nuevas elecciones municipales.
El actual equipo de gobierno, formado por siete ediles socialistas y uno de IU, ha indicado que la solicitud se ha producido al verse incapaz de sacar adelante ninguna de sus propuestas para mejorar la economía del municipio, como el plan de ajuste o una subida de impuestos, al encontrarse con el voto desfavorable de los ocho concejales del PP y de la exsocialista Ana Bella Camacho, que se pasó al grupo de no adscritos tras dimitir en septiembre del pasado año.
En una entrevista con Europa Press, Jiménez ha considerado que el de Santa Fe “es un caso claro de cómo el PP es capaz de sacrificar la gobernabilidad y el empleo de un municipio por interés partidista” y ha criticado que se apoye en una “concejal tránsfuga” para “bloquear todas las decisiones del Ayuntamiento”.
“Han negado el plan de viabilidad económica, y Santa Fe no puede hacer frente al pago a proveedores, y ponen en riesgo el gobierno municipal sólo porque no han tenido suficientes votos en las pasadas elecciones municipales”, ha censurado la dirigente socialista, que ha considerado que en este municipio se evidencia que “se aplica a la perfección” la “doctrina” del presidente provincial del PP granadino, Sebastián Pérez, de “denunciar, machacar y trillar” a los alcaldes socialistas.
Precisamente el alcalde, Sergio Bueno, informó este martes de las consecuencias que está teniendo que la oposición frene las iniciativas del equipo de gobierno y, después de que no saliera adelante el plan de ajuste –que tenía como objetivo ahorrar hasta 350.000 euros durante el primer año–, el Gobierno ya ha embargado al Ayuntamiento el 60 por ciento de sus ingresos ordinarios, unos 115.000 euros.
El embargo al que deberá someterse el Consistorio “gracias al no plan” del PP y de la edil “tránsfuga” supondrá que el Ayuntamiento deje de ingresar más de un millón de euros anuales, según el regidor, que advirtió de que fruto de esta actuación se ha llevado a un Ayuntamiento solvente “a la quiebra y se ha condenado a un municipio al estancamiento”. “Si esto no es boicot, si esto no es bloqueo, si esto no es obstaculizar la acción de gobierno, búsquenle el calificativo”, criticó.
Fue el pasado 29 de octubre cuando el Ayuntamiento aprobó en Junta de Gobierno Local el informe que será remitido al Consejo de Ministros del Gobierno solicitando la disolución de la corporación ante la situación de “ingobernabilidad” que vive el municipio desde el mes de septiembre de 2011 “con la que se ha dinamitado la viabilidad del Ayuntamiento, la acción de gobierno y se han reventado los servicios públicos municipales”.
El equipo de gobierno entiende que la resolución a la actual situación debe ser resuelta por las urnas, por la ciudadanía “que es en esencia a la que nos debemos tanto los representantes institucionales como el conjunto de poderes públicos del Estado”. La situación requiere de una solución sencilla, más democracia, señaló Bueno.
