La Fiscalía mantiene petición de 10 años de cárcel y 14 de inhabilitación para el alcalde de Gójar

La Fiscalía de Granada ha mantenido este jueves su petición de 10 años de cárcel y 14 de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público para el alcalde de Gójar (Granada), Francisco Javier Maldonado (PP), también diputado provincial de Función Pública, por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio, otro de falsificación en documento público y un tercero falsificación en documento oficial, que le han llevado a sentarse en el banquillo de los acusados en el juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Granada.

Concretamente, el Ministerio Público le atribuye la supuesta concesión irregular de licencias para la construcción de tres casetas de aperos, la modificación del sentido de un informe técnico para darle legalidad, y la alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), asuntos por los que también están imputadas otras siete personas más, entre las que se encuentra el entonces concejal en la oposición, que al mandato siguiente sería alcalde, Pedro Clavero (PSOE).

Además de Clavero, también está procesado el que fuera primer teniente de alcalde, Eduardo Rodríguez Fernández, la actual concejal de Vivienda –entonces de Urbanismo–, Belén Carretero, el edil Pedro Morillas –hoy responsable del área de Economía y Urbanismo–, el arquitecto técnico municipal, la secretaria del Ayuntamiento y el secretario habilitado.

La fiscal ha mantenido también para todos los demás inculpados su petición de condenas, que en el caso del exprimer teniente de alcalde, su entonces concejal de Urbanismo, y los otros dos concejales imputados –Clavero y Morillas– es de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años, y un año de prisión por un posible delito contra la ordenación del territorio.

Para el secretario habilitado ha ratificado también su petición de cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación por tres años por supuesta falsificación en documento público, y la misma pena ha mantenido para el arquitecto técnico y la secretaria del Ayuntamiento, por falsificación en documento oficial.

Asimismo, la Fiscalía interesa la declaración de nulidad de la norma ilícitamente aprobada, y de las licencias amparadas por la misma, y la demolición de las obras realizadas, para que se proceda “al restablecimiento de la legalidad urbanística perturbada”.

PRUEBAS PERICIALES

La sesión de este jueves ha servido para la presentación de las pruebas periciales, entre las que han destacado la comparecencia de expertos de la Comisión Provincial de Urbanismo, dependiente de la Junta de Andalucía, que dio luz verde al PGOU de Gójar, que han asegurado que es “prácticamente imposible” que se falsificara el documento por parte de los inculpados, añadiendo una modificación de un artículo que se refería a suelo no urbanizable.

No obstante, han advertido de que, aunque el planeamiento se aprobó definitivamente en 2003, el Ayuntamiento no ha subsanado aún algunas de las deficiencias que observó en el mismo, y han puesto de manifiesto que las licencias de obras “no se pueden dar condicionadas” porque constituyen “una declaración de derechos”, respondiendo así a la pregunta del presidente del tribunal al hilo del argumento que ofrecieron los acusados sobre las mismas.

En la primera sesión del juicio, el pasado lunes, el alcalde atribuyó a una “cascada de errores” la concesión supuestamente irregular de las licencias de obra para la construcción de tres casetas de aperos por las que ha sido enjuiciado, que se derivaron del fallo cometido por un técnico en la transcripción del acta de la Comisión de Urbanismo.

En el caso de las otras dos licencias, argumento que, como al día siguiente el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio iba a ser aprobado por la Junta de Andalucía de manera definitiva, y éste contemplaba la subsanación de uno de los artículos relacionado con las determinaciones del suelo no urbanizable, el técnico municipal recomendó que éstas se aprobaran de manera “condicionada” a la aprobación y publicación del planeamiento. “Se iba a aprobar el plan 13 horas después y fue el propio técnico el que nos ofreció esa solución, con lo cual se disiparon todas las dudas”, mantuvo el procesado.

LA ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

Según la acusación pública, en la Comisión de Urbanismo de 2003, el alcalde, y otros cinco concejales más –entre ellos Clavero– resolvieron unánimemente emitir dictamen favorable a la concesión de las licencias para la construcción de tres casetas de aperos pese a que las parcelas no tenían la superficie mínima exigida para poder edificar en ellas, en contra de lo que había advertido el técnico municipal, y sin el informe jurídico preceptivo.

Posteriormente, dictó una resolución el 8 de enero de 2004, redactada por el secretario habilitado en el Ayuntamiento durante esas fechas, en la que, además de conceder las licencias “a sabiendas” de que eran irregulares, hizo constar que los informes técnicos habían sido favorables “para simular una apariencia de legalidad”.

Durante la tramitación del PGOU, Maldonado dio lectura en todos los plenos de la Comisión de Urbanismo y de la corporación local de los informes emitidos por el arquitecto municipal, también procesado, en los cuales incluyó una alteración que avalaba la concesión de las licencias presuntamente irregulares de las casetas de aperos.

El PGOU es aprobado provisionalmente por el pleno el 23 de mayo de 2003, y definitivamente en noviembre de ese año, después de que el arquitecto técnico presentar un informe sobre los cambios realizados en el PGOU sin mencionar el que incluía la alteración mencionada.

Todas estas actuaciones, según el fiscal, se llevaron a cabo con el conocimiento de la secretaria del Ayuntamiento de Gójar, “que dejó de cumplir con sus obligaciones, ya que, como garante del cumplimiento de la ley, debería haber certificado y contrastado que todo tenía su aporte jurídico y documental”.