El pleno de la Diputación de Granada ha aprobado este lunes adoptar una serie de reajustes económicos en materia de personal que tendrán una vigencia de tres años y supondrán un ahorro de entre 900.000 y 1.000.000 de euros anuales.
El diputado delegado de Función Pública, Francisco Javier Maldonado, ha explicado que esta medida es un requisito “indispensable” para la aplicación del Plan Económico-Financiero de Reequilibrio que la institución pondrá en marcha tras obtenerse un saldo negativo de 26 millones de euros en la liquidación del presupuesto correspondiente al ejercicio 2011.
“El déficit económico y la situación financiera de la Diputación nos obliga a reajustar todas las áreas del Gobierno y en el caso de la delegación de Función Pública nos hemos visto forzados a tomar” estas medidas temporales, ha añadido Maldonado en una nota de prensa remitida por la institución provincial.
En concreto, la Diputación de Granada suspenderá por un periodo de tres años la formación por grado, la productividad por los sexenios (retribución por formación), la indemnización por jubilación anticipada, ayudas sociales como el pago de un 40 por ciento en las matrículas escolares de los hijos de los funcionarios, además de la ayuda al sepelio en los casos de fallecimiento de familiares.
Según ha aclarado Maldonado, estos reajustes supondrán un ahorro de 913.000 euros anuales para las arcas provinciales. “Las suspensiones entrarán en vigor a partir del pleno celebrado hoy, aunque algunas no se aplicarán hasta el 1 de enero de 2013. Las medidas que se podrán en marcha durante el ejercicio 2012 supondrán un ahorro económico que supera los 500.000 euros”, ha apostillado y ha dicho que no son “privilegios” que se quitan al funcionariado de la Diputación.
“Sabemos que son logros sociales que han conseguido los trabajadores y representantes sindicales de la Institución, pero entendemos que se consiguieron en otros tiempos más favorables económicamente hablando, como fue el año 2004, pero en estos ocho años la situación económica ha cambiado, no solo en la Diputación, sino también en las familias, trabajadores autónomos, empresarios, desempleados, políticos. Ello nos obliga a reinventarnos, a hacer política de otra manera y a suspender unos gastos que creemos pueden ser suprimidos. Hay muchas más ayudas para los trabajadores que no se van a tocar y si se han suspendido éstas es porque creemos que pueden aplazarse”, ha señalado Maldonado.
“Tenemos que ser conscientes y consecuentes de que la bonanza económica de los años 2004, 2005 y 2006 no volverá a repetirse, y que la situación económica de la Diputación no permite hacer, de momento, estas concesiones a los trabajadores. Es más, con estas medidas estamos garantizando el empleo público, porque al final no se trata de ningún despido de empleados, sino de consolidar y garantizar un empleo público para ellos”, subrayó Maldonado.
Por su parte, el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, ha defendido que “lo que se pone encima de la mesa es el sentido común y cuestiones que están reclamando en estos momentos los ciudadanos, no solamente en la provincia de Granada, sino en Andalucía y en toda España”.
En este sentido, recordó que las primeras medidas de ajuste económico que se adoptaron en la Diputación fueron políticas, “no contra los funcionario ni los trabajadores”.
“Lo primero que hizo este presidente fue quitarse la ayuda de 600 euros para alquiler de vivienda que estaba suscrito en el convenio negociado como los trabajadores; como también suprimí las dietas por venir a trabajar por las tardes a la Institución, bajé ostensiblemente los sueldos del personal de confianza de esta casa y suprimí el 35 por ciento de ese mismo personal de confianza”, ha destacado Pérez.
Por último, Pérez ha recalcado que desde el gobierno provincial “hacemos lo que estimamos que en derecho debemos hacer, con respeto, porque tenemos una encomienda de los ciudadanos. Ésa es nuestra responsabilidad y es la que vamos a seguir ejerciendo con todas las consecuencias”.