Una empresa azucarera pide el apoyo del nuevo Gobierno dominicano para que devuelva 3.000 hectáreas expropiadas

La empresa Azucarera del Porvenir, filial de la empresa granadina Azucarera del Guadalfeo ha solicitado el apoyo del nuevo presidente de la República Dominicana, Danilo Medina, para que el Estado le devuelva 3.000 hectáreas expropiadas.

Junto a la filial de la empresa granadina Azucarera del Guadalfeo, también ha hecho una petición la empresa Codacsa (Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras).

La empresa, que ha recordado en una nota remitida a Europa Press que Danilo Medina asiste a la Cumbre Iberoamericana que se celebra estos días a en Cádiz, ha explicado que ambas compañías operaban en la isla caribeña “hasta que las presiones del anterior Gobierno de Leonel Fernández se tradujeron en la apropiación por parte del Estado de sus negocios en el país sin contraprestación económica”.

El granadino Joaquín Martín, máximo directivo de Azucarera del Guadalfeo, ha explicado a Europa Press que recibió hace unos meses la visita del Gobierno caribeño, que le arrebató a la fuerza 3.000 de las 6.000 hectáreas que le cedió para su explotación en 2010.

Indica que el origen del problema “reside en que el anterior Ejecutivo de Leonel Fernández adjudicó el mismo contrato a dos compañías, a la empresa granadina y a la de los dominicanos Vicini-Campollo”.

La empresa precisa que, respecto a este asunto, el Tribunal de Arbitraje dominicano “condenó el pasado lunes al Estado a indemnizar con un millón de dólares a Azucarera del Guadalfeo por los perjuicios causados y con la devolución de las tierras”.

Joaquín Martín confía en que se cumpla el laudo arbitral con la llegada al Gobierno de Danilo Medina, que tomó posesión el pasado 16 de agosto y considera especialmente “urgente e importante” que el Estado “nos entregue las tierras”.

“Nuestra compañía y los 800 trabajadores dominicanos que teníamos contratados esperamos que el nuevo Gobierno cumpla con la resolución del Tribunal de Arbitraje pues, de lo contrario, se pone en entredicho la seguridad jurídica y, por tanto, las garantías legales de cualquier contrato que se firme”, ha afirmado.

Por su parte, Codacsa (Concesionaria Dominicana de Autopistas y Carreteras), “vio cómo el pasado 11 de agosto el ejército se presentaba en la Autopista de las Américas, que va de lado a lado de la isla, y les arrebataba el negocio que les había concedido el Gobierno de la República”.

El capital social de esta compañía está formado mayoritariamente por españoles aunque también hay participaciones minoritarias estadounidenses y de capital local.

Este “desahucio” se produjo después de que la Corte Internacional de Arbitraje “hubiera establecido que el Gobierno de la República les debía pagar 45 millones de dólares (36 millones de euros) por incumplir el contrato suscrito en su día”.

Codacsa, de la misma forma que en Azucarera del Porvenir, se muestra esperanzada en que se cumpla el laudo arbitral. “El nuevo Gobierno dominicano ha prometido defender y mejorar la seguridad jurídica, de ahí que pongamos nuestras esperanzas en que realmente lo hagan”, ha manifestado Roberto García, consejero delegado de la compañía.