Las tasas de primera matrícula que pagan los alumnos de grado en las universidades públicas suben de media más de un 30 % este curso en cinco comunidades, aunque en Andalucía (2,4 %) es de las regiones donde menos suben.
Las mayores alzas se han dado en Cataluña (66,7 %), Canarias (42,1 %), Castilla y León (41,9 %), Madrid (38,1 %) y Comunidad Valenciana (33,3 %).
Por el contrario, han quedado congeladas en Asturias y Galicia y aumentan menos en Extremadura (1,9 %), País Vasco (2 %), La Rioja (2,1 %), Andalucía (2,4 %), Aragón y Cantabria (3,6 %) y Navarra (4 %), según las estadísticas de precios públicos universitarios publicadas por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
El incremento medio es del 9,2 % en Baleares, del 11,8 % en Murcia y del 20,3 % en Castilla-La Mancha.
En el caso de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), dependiente del Estado, la subida media alcanza el 4,7 %.
Para los másteres, el incremento medio llega al 170,8 % en Canarias, seguida por Andalucía (144,2 %), Cataluña (130,8 %) y Madrid (121 %).
A continuación se sitúan Aragón (96,7 %), Comunidad Valenciana (76,2 %), Navarra (66,4 %), Cantabria (65,8 %), Castilla y León (63,7 %), La Rioja (63,4 %), Murcia (61,3), Extremadura (48,4 %), Asturias (45,5 %) y Castilla-La Mancha (39,9 %).
En la banda baja de subida de precios públicos de los másteres figuran Baleares (7,3 %), Galicia (5,8 %) y País Vasco (2 %), aparte de la UNED (14,6 %).
La estadística se basa en la información publicada por las distintas administraciones educativas en los respectivos boletines oficiales autonómicos, así como el BOE para la UNED.
En el caso de Madrid, el ministerio precisa que esta comunidad no ha establecido un precio único por crédito de matrícula para los grados y anteriores diplomaturas y licenciaturas, sino uno máximo que pueden fijar las universidades; y el incremento medio para los másteres que aparece en la estadística es el menor de los posibles en esta autonomía.
Desde este curso, los estudiantes deberán sufragar entre el 15 y el 25 % -según decida cada comunidad- del coste efectivo de las enseñanzas de grado y másteres de profesiones reguladas, como criterio general y obligatorio establecido por el Gobierno central, y entre el 30 y el 100 % si son repetidores.