El concejal José Luis Castillo, que ha promovido junto al PSOE e IU una moción de censura contra el alcalde de Armilla, Antonio Ayllón (PP), ha pasado a integrar el grupo municipal no adscrito, lo que según el regidor popular deja a este edil en una situación de “transfuguismo evidente”.
Así lo ha informado el Ayuntamiento de Armilla en un comunicado tras un pleno extraordinario celebrado esta mañana, que coincide con el mantenimiento de la suspensión cautelar acordada hoy mismo por un Juzgado de la moción de censura contra Ayllón, cuyo debate había sido fijado inicialmente para mañana viernes.
Según el Consistorio, en la sesión extraordinaria del pleno municipal se ha dado cuenta del cese de responsabilidades del concejal delegado de Economía, Hacienda, Contratación y Personal, José Luis Castillo, “a petición del interesado”, y se ha comunicado la creación del Grupo Municipal no adscrito y que el referido edil ha pasado a integrar.
Esta nueva conformación de los grupos políticos municipales se ha producido después de que el partido independiente IDEA comunicara a la secretaria del Ayuntamiento que Castillo había sido expulsado del grupo municipal después de que se le abriera expediente disciplinario en su formación.
El Ayuntamiento advierte de que, según el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Local, el hecho de que una formación política comunique la expulsión de uno de sus miembros es motivo “suficiente” para que se cree un nuevo grupo municipal “no adscrito”.
Una vez que Castillo pasa a forma parte de ese grupo no adscrito, Ayllón entiende que se hace “efectivo” ante el pleno el carácter de “tránsfuga” del edil y advierte a los promotores de la moción de censura que deberán atenerse a las consecuencias penales de incumplir la ley si siguen adelante con ella.
El alcalde, que ha valorado la suspensión judicial de la referida moción, ha puesto además de relevancia la “trascendencia” de un informe emitido por la secretaria municipal.
En ese informe, según el Ayuntamiento, la secretaria expone que, en el caso de que se celebrara un pleno de moción de censura, iría en contra del ordenamiento jurídico un eventual acuerdo de la Mesa de Edad de continuar su tramitación.
En este sentido señala que se estarían vulnerando los más básicos principios constitucionales de garantías de representación democrática ante un caso de transfuguismo, ajeno a la voluntad de los ciudadanos en los que reside la soberanía popular y a la corporación municipal legítimamente designada.
La expulsión de Castillo, agrega el informe, hace inevitable una modificación en la composición del grupo municipal de IDEA, de modo que “la mayoría exigible para que prospere la moción de censura se ve incrementada en un concejal más, esto es doce y no once, que sería el número integrante de la mayoría absoluta legal de miembros de la corporación”.
Por su parte, el PP ha considerado que la decisión judicial frena “lo que podría haber sido un atropello a la legalidad” y permitirá la ratificación formal de “una evidencia: el carácter de tránsfuga del concejal en el que el PSOE quería apoyarse” para gobernar.