IU pedirá la retirada del Decreto Ley referente a los desahucios

El portavoz municipal, Francisco Puentedura Anllo, pide que el Ayuntamiento ponga las 60 viviendas vacías en propiedad de EMUVYSSA en alquiler social para realojar familias que han perdido su vivienda y que ningún policía local participe en ningún desahucio “porque no forma parte de sus competencias”.

El Consejo de Ministros del pasado 16 de noviembre aprobó un Real Decreto Ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios. A juicio de Francisco Puentedura Anllo, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, este Real decreto “se ha revelado absolutamente insuficiente nada más hacerse público porque no aborda en profundidad y con voluntad real el trágico problema de los desahucios”. El citado Real Decreto establece dos medidas que a criterio de Izquierda Unida “son una operación de maquillaje para tapar la incompetencia de un gobierno que está de rodillas ante los bancos”.

Para la formación de izquierdas, el que el Gobierno haya aprobado en el decreto medidas como la paralización durante dos años del desahucio y  la creación urgente de un Fondo Social de Viviendas, con un parque de viviendas destinadas al alquiler con precios bajos para personas que han perdido su vivienda. Es a todas luces es injusto e insuficiente, ya que establece una casuística para los colectivos que pudieran beneficiarse del desahucio que no aborda con rigor ni valentía un problema que ha pasado de drama a tragedia social, tras los últimos acontecimientos donde personas desesperadas por el desahucio han puesto fin a sus vidas, situando el problema en su trágica dimensión.

El Real Decreto Ley plantea una moratoria de dos años, tras los que sigue vigente “por tanto la amenaza del desahucio, a colectivos en los que tienen que darse al mismo tiempo unos requisitos que no van a abarcar a la diversidad y complejidad de un problema que ataca uno de los derechos reconocidos en la Constitución Española, y cuestiona y destruye uno de los derechos humanos básicos, el de que todas las personas disfruten de una vivienda digna”.

Izquierda Unida ha presentado una moción con alternativas a las medidas aprobadas por el gobierno, para que sea debatida en el pleno que se celebrará el próximo viernes, en la que plantea de forma directa; la retirada del citado Decreto Ley y su sustitución por una profunda reforma legal que contemple expresamente la paralización inmediata de todos los desahucios, la dación en pago con carácter retroactivo, el alquiler social como solución alternativa, la reforma de la Ley de enjuiciamiento civil y la reforma de la Ley hipotecaria, que contemple una quita de la deuda privada por la adquisición de la vivienda.

La formación de izquierdas también contempla en su moción el apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular sobre la Proposición de Ley de la regulación de la dación en pago, de la paralización de los desahucios y de alquiler social (iniciativa para la que IU lleva recogiendo firmas desde antes del verano). La promoción de actuaciones de mediación ante las entidades financieras y de información de las familias en riesgo de desahucio, con el apoyo de las oficinas provinciales del Programa Andaluz en defensa de la Vivienda, que eviten los desahucios, y apoyar institucionalmente a cuantos foros, plataformas y convocatorias en defensa del derecho a la vivienda se organicen para la consecución de los objetivos enunciados anteriormente.

Actualmente existen 400.000 familias desahuciadas de sus viviendas que a pesar de haber perdido su casa mantienen la deuda perpetua con el banco, “en un caso que evidencia como pocos la crisis-estafa en la que estamos viviendo, con un marco normativo obsoleto, como lo evidencia la franquista Ley Hipotecaria española de 1946” señala Puentedura.

Para el portavoz de IU, no se trata solo de los desahucios “se trata de la deuda y la carga hipotecaria de las personas que pesan como una losa para salir de un círculo vicioso provocado por una situación a todas luces injusta y por unas leyes vigentes que son una estafa y que sitúan a las personas al pairo de las entidades financieras, ante las que el Gobierno central no muestra intención política de confrontar en favor de la ciudadanía más vulnerable” ha afirmado.

Puentedura cree que Ayuntamiento como el de Granada, que conforma la administración más cercana para los granadinos, no puede permanecer ajeno a este drama que afecta a muchos de sus vecinos y vecinas, sino que debe erigirse como parte del Estado que, como en otras importantes ocasiones y momentos en los que la sociedad lo ha demandado, ponga en el centro del debate político la necesidad de actuaciones urgentes sobre las personas amenazadas de desahucios, así como cambios normativos que den solución a uno de los problemas más graves con los que se encuentra actualmente la sociedad española.

Además el portavoz de IU señala que en el “ámbito de sus competencias” el Ayuntamiento puede y debe hacer mucho para paliar el drama de los desahucios “cuando actualmente centenares de familias en nuestra ciudad están en una situación de ejecución hipotecaria”. Para ello exige que la ciudad de Granada sea declarada “ciudad libre de desahucios” y que el gobierno municipal ponga a disposición de las familias que sufren esta amenaza “asesoramiento jurídico y apoyo técnico desde el área de bienestar social”, además de que el Ayuntamiento medie con las entidades financieras que tienen sucursales en la ciudad “para evitar los desahucios”. Además Puentedura pide que “ningún policía local colabore en ningún desahucio, ya que no forma parte de su competencia” y plantea también el que las 60 viviendas vacías de propiedad municipal, que pertenecen a la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMUVYSSA), “se pongan a disposición de un parque público municipal de viviendas en alquiler social para realojar a familias desahuciadas de la ciudad”. De este modo el edil de la formación de izquierdas critica las declaraciones de la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, en las que aseguraba “que eran viviendas de VPO y que legalmente no podía” algo que a juicio de Puentedura es totalmente incierto y pone como ejemplo el cambio de régimen jurídico de varias viviendas protegidas, como la promoción del Fargue, “cuya calificación ha cambiado en varias ocasiones y ahora están en régimen de alquiler”. Es por ello, que el portavoz municipal de IU exige a la edil de urbanismo “menos mentiras y más sensibilidad ante la tragedia que viven centenares de familias en nuestra ciudad”.