El Concurso Voluntario de Acreedores (figura legal de la antigua suspensión de pagos) se ha convertido en un instrumento que utilizan muchas empresas para liberarse de sus deudas de forma fraudulenta y malintencionada.
La Unión General de Trabajadores (UGT) ha denunciado que la mayoría de empresas que solicitan el concurso lo hacen para proteger el patrimonio personal de sus propietarios a costa de los derechos de los trabajadores a sabiendas de que irán a la disolución.
El sindicato, según su secretaria provincial Manuela Martínez, ha elevado un escrito al Fiscal Superior de Andalucía para que la Fiscalía actúe de oficio ante las supuestas utilizaciones perversas de la ley.
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UGT ha puesto cerco al caso de la empresa Grupo Siles. Después de una denuncia ante la Fiscalía, el sindicato ha conseguido que el juez de lo mercantil atienda el escrito del administrador concursal y embargue seis millones de euros al propietario de la empresa para garantizar los derechos de los trabajadores, que fueron despedidos en 2008.
Lo ha dicho hoy Francisco José Ruiz-Ruano, secretario general de la Federación de Metal de UGT.
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