La defensa realizada por todos los grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Granada, para la supervivencia del Servicio de Atención al Inmigrante, ha hecho que el equipo de gobierno reconsidere la decisión de echar al asesor jurídico que desarrolla su labor en esta área. No obstante, de los cuatro empleados actuales, una trabajadora social corre el peligro de cesar en sus funciones a final de año. Por ello, la oposición en bloque, esto es PSOE, IU y UPyD, presentarán una moción conjunta en el pleno del próximo viernes para solicitar el mantenimiento del Servicio de Atención al Inmigrante.
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Desde Izquierda Unida apuntan que la población inmigrante en Granada es de 10.000 personas, de los que 3.000 son usuarios del Servicio de Atención al Inmigrante, para el que sólo hay sólo 4 profesionales.
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