 |
El Fiscal abre nuevas diligencias a raíz de un decreto sobre caso de niña robada
Eduardo Raya, padre de una niña robada en 1990, presidente de la Asociación de afectados por desaparición de niños en democracia, ADND, ha presentado nuevas pruebas en la Audiencia para que se reabra el procedimiento que quedó sobreseído.
El padre, que denunció la desaparición de su hija, considera que el sobreseimiento es provisional como incluso atestigua un decreto de la Fiscalía Superior de fecha 22 de octubre.
Entre las nuevas pruebas presentadas figura un informe del prestigioso Doctor Bruguera, del Hospital Clínico de Barcelona, en el ADN de la niña que les dieron como suya y que estaba muerta, no coincide con el de los padres y además que los restos son de un adulto y no de un recién nacido.
[mp3j track=”Escucha a Eduardo Raya@wp-content/uploads/2012/11/padre-nina-robada.mp3″]
La Fiscalía de Granada ha abierto nuevas diligencias de investigación a raíz de un decreto del fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, relacionado con el caso de Eduardo Raya, primer padre que llevó ante los tribunales el supuesto robo de su hija, nacida en un hospital de Granada en 1990.
Así lo han indicado a Efe fuentes del Ministerio Público, que han precisado que la incoación de las diligencias se produce una vez remitido un decreto del fiscal superior que ordenó que se valoraran manifestaciones de Raya sobre supuestas irregularidades que éste atribuyó el “grupo investigador” (Policía Judicial) de su caso.
García Calderón señala, en cualquier caso, que “no es posible” deducir que ese grupo investigador cometiera irregularidades en su proceder, ya que actuó conforme a las comisiones que se le dictaron desde que la Fiscalía inició diligencias y posteriormente en las que se siguieron desde el Juzgado instructor.
El decreto, al que ha tenido acceso Efe, resuelve además que se valoren las que Raya considera “nuevas pruebas” sobre el supuesto robo de su hija y señala que la Fiscalía Superior “no comparte” que el Juzgado de Instrucción 2 de Granada acordara el sobreseimiento “libre”, ya que debería haber sido de carácter provisional.
García Calderón califica además como “correcta” la decisión de la Fiscalía y del Juzgado instructor, al margen de que sus decisiones puedan ser objeto de recurso ante la Audiencia, un paso judicial ya emprendido por Raya, quien precisamente hoy ha aportado nuevas pruebas al tribunal provincial que verá el 6 junio de 2013 su caso en fase de apelación.
Raya ha aportado tres informes que se suman a otros anteriores que acreditarían, a su juicio, que la niña a la que en su día dieron sepultura no es su hija y que entrarían en contradicción con distintos pronunciamientos del Instituto Nacional de Toxicología con los que también discrepa el denunciante.
“Esto es un tema muy grave, mi hija está viva, tiene 22 años y no voy a dar un paso atrás, me cueste lo que me cueste”, ha dicho Raya, que también es presidente de la Asociación de Afectados por la Desaparición de Niños en Democracia (ADN-D).
Raya mantiene que le cambiaron a su hija por un recién nacido moribundo tras su nacimiento en el Hospital Clínico de Granada en junio de 1990, y se basa en diferentes pruebas de ADN que encargó a varios laboratorios que dictaminaron que los restos que había enterrado no pertenecían a su bebé.
Los estudios aportados por Raya entraban en contradicción con los ordenados por parte del Juzgado Instructor, que en un primer momento decidió archivar provisionalmente su caso al entender que las pruebas practicadas no habían sido determinantes.
El pasado mes de julio anunció la presentación ante el Parlamento Europeo de la que considera la primera queja formal ante esta institución europea por indefensión, irregularidades jurídicas y parálisis de la Justicia Española en su causa y en otras similares.
