Alcaldes y representantes municipales socialistas de la provincia de Granada se han concentrado este viernes frente a la sede de la Diputación de Granada en protesta por la decisión del gobierno provincial, del PP, de disolver el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (Resur), que se hará efectiva el próximo lunes, durante la asamblea de este órgano.
Durante la movilización, el alcalde de Santa Fe, Sergio Bueno (PSOE), ha opinado que con esta medida “se pretende expulsar a los alcaldes de un órgano de decisión política, en el que legalmente tienen que estar representados, ya que se gestionan los servicios de nuestros vecinos”.
Bueno ha criticado la voluntad del PP de “amordazar” a los alcaldes y de “suplirlos por empresas privadas y consejos de administración en la toma decisiones”. “Eso los ciudadanos no lo entienden y menos aún cuando detrás de todo esto hay una subida en un elemento esencial como es el precio de la basura”, ha asegurado en un comunicado remitido por el PSOE.
Los alcaldes socialistas han reivindicado un plan de pagos “inmediato” al consorcio y han incidido en que el presidente de la Diputación, Sebastián Pérez, dispone de instrumentos legales para saldar la deuda. Así, el regidor de Santa Fe ha propuesto detraer la deuda de algunos consistorios de sus ingresos estatales o autonómicos conforme a los estatutos de Resur, y a través de organismos como la Agencia Provincial de Administración Tributaria (Apat).
El alcalde de Santa Fe ha tachado de “bufonada” la decisión de Sebastián Pérez, al que ha calificado como un “juguete roto” en manos del alcalde de Granada, José Torres Hurtado, porque la solución para la viabilidad de Resur, ha indicado, es “sencillamente que el Ayuntamiento de la capital y de Motril paguen”, ya que ambos municipios acumulan 15 millones de euros de los 25 totales que se adeudan.
A juicio de Bueno, Pérez “no se atreve” a cobrarle a quien más debe y a quien “pone en peligro la viabilidad del consorcio”. “Es más sencillo echar a los alcaldes y subir las tasas a los ciudadanos que sentarse en una mesa y decirle a Torres Hurtado que pague lo que debe”, ha señalado el alcalde de Santa Fe.
Bueno ha apelado a que se dejen al margen los intereses de empresas privadas y que primen los intereses públicos de todos.
Por su parte, Encarnación Castillo, presidenta de la Mancomunidad de municipios del Valle de Lecrín, ha reivindicado el derecho de los ayuntamientos, sobre todo los pequeños, de tener voz y capacidad de decisión en la prestación de servicios básicos a sus propios ciudadanos. “Nos quieren pisotear, como ya han hecho con los planes de obras y servicios, y no lo vamos a permitir”, ha advertido.
La Diputación insta al PSOE a que aclare “cómo van a pagar la deuda con Resur Atarfe, Íllora y Láchar”
El equipo de gobierno en la Diputación de Granada ha reclamado este viernes a la dirección provincial del PSOE a que aclare “cómo van a pagar la deuda con Resur los municipios de Atarfe, Íllora y Láchar”.
En rueda de prensa, el vicepresidente segundo de la institución y diputado delegado de Medio Ambiente, José Robles, ha insistido en que “está meridianamente claro, y quien diga lo contrario falta a la verdad, que cada ayuntamiento va a pagar su deuda”.
Robles ha recordado que la Diputación cuenta con mecanismos para cobrar la deuda que soportan los ayuntamientos de Granada, Motril o Almuñécar con el Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Resur en concreto a través de convenios en virtud de los cuales “la partida anual del Consorcio Provincial de Bomberos se va a ingresar en Resur”.
“Si comparado con este dinero, la deuda de los municipios socialistas es el chocolate del loro, como alguien ha dicho hoy, que paguen y que aclaren cómo van a pagar”, ha enfatizado José Robles que ha emplazado “no a los alcaldes, que yo los entiendo perfectamente, sino al Grupo Socialista en la Diputación y a la dirección provincial del PSOE” a explicar a la opinión pública “cómo van a pagar sus deudas Atarfe, Íllora y Láchar” pues “nosotros ya hemos dicho cómo la van a pagar Granada, Motril y Almuñécar”.
Los municipios que están a la cabeza de la deuda con Resur, en media por habitante, son Atarfe, que debe 150 euros por habitante y lleva 84,3 meses sin pagar el canon de tratamiento de residuos, Láchar (91 meses sin pagar), que debe 92,38 euros por habitante, e Íllora (82 meses sin pagar), con 72,46 euros por habitante, algunos con cuotas sin pagar desde hace más de 90 meses.
La deuda que mantiene RESUR con la empresa concesionaria Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), se eleva a los 24,9 millones de euros, y la deuda que a su vez mantienen los municipios con el propio consorcio es de 25 millones de euros. Estos impagos se han ido acumulando a lo largo de los años y en julio de 2011, cuando llega el actual equipo de gobierno a la Diputación Provincial, la deuda con la empresa era de 24.272.000 euros y la de los ayuntamientos, mayoritariamente del PSOE y, por tanto, de las mismas siglas políticas que los anteriores gobiernos provinciales, se cifraba en 21,5 millones de euros en esa misma fecha.
“La Diputación de Granada tiene una responsabilidad que cumplir con sus proveedores y no vamos a permanecer bajo ningún concepto impasibles ante ello”, ha explicado José Robles que ha recordado que la actual situación se produce porque “los socialistas nos han llevado a un callejón sin salida por no cobrar la deuda de los municipios que ellos mismos gobernaban cuando estaban al frente de la Diputación”. Además, “no podemos olvidar que la deuda, de seguir al ritmo que va, rondaría en 2015 los 40 millones de euros”.
Por ello, el equipo de gobierno provincial planteó en primera instancia el cobro de una tasa unificada a los vecinos para cubrir los impagos de los ayuntamientos. Ante la negativa de los diputados y alcaldes del PSOE representados en RESUR, se propuso el cobro de la deuda a través de los impuestos y transferencias previstos por las administraciones nacional, autonómica y provincial para los municipios, lo cual también contó con la negativa de la oposición socialista.
Ante esta situación, la Diputación Provincial ha apostado por liquidar el consorcio provincial a partir del 3 de diciembre para, durante el mes posterior, proponer la firma de convenios para el pago de las deudas con los municipios sin descartar a posteriori vías como la reclamación en los tribunales pues, según ha explicado José Robles, “están cobrando a los vecinos la tasa de tratamiento de residuos y se la están quedando los ayuntamientos” en paralelo a casos como el de Atarfe en que “se cobran las tasas por residuos no municipales, que son el doble de las que se recaudan por residuos municipales, y el Ayuntamiento se las cobra a las empresas y, al final, se las está quedando”.