La Consejería de Justicia e Interior ha abonado al Consejo Andaluz de Colegios de Abogados un total de 6,5 millones de euros por los gastos que han generado las guardias de la asistencia jurídica gratuita del año 2012, de los que 749.385 euros corresponden al Colegio de Abogados de Granada. Este abono corresponde al 75% de las guardias realizadas y justificadas por los letrados granadinos durante el presente ejercicio.
Como muestra la imagen, los abogados granadinos han protestado reiteradamente por los retrasos de la Junta.
Con estos 6,5 millones de euros abonados ahora por la Junta son ya cerca de 30 millones de euros los destinados en lo que va de legislatura al pago de este servicio, más de la mitad de los presupuestado para todo el año. De hecho, desde el pasado julio la Consejería no ha dejado de ir abonando mensualmente diferentes cantidades a estos profesionales por la prestación de este servicio.
La Consejería de Justicia e Interior tiene previsto continuar abonando próximamente los servicios de Justicia Gratuita, de manera que antes de que concluya el año 2012 habrá terminado de pagar las guardias de los abogados de 2012.
Además, los gastos de funcionamiento de los distintos colegios quedarán liquidados el próximo mes de diciembre después de que en octubre se destinaran 3,4 millones de euros por este concepto.
La Junta garantiza este servicio fundamental para la sociedad andaluza y muestra su compromiso por su mantenimiento y mejora en el futuro, adaptándolo en colaboración con los Consejos Andaluces de Colegios de Abogados y
Procuradores a la nueva realidad económica y presupuestaria.
En el difícil contexto económico actual que afecta a todas las Administraciones y servicios, la Consejería solicita que este esfuerzo y compromiso con la Justicia Gratuita sea compartido por todos los sectores implicados en Andalucía como así está siendo hasta ahora, ya que el trabajo de abogados y procuradores es imprescindible en estos momentos. La Administración autonómica es consciente y entiende las inquietudes de los letrados por el retraso en estos abonos, valorando su esfuerzo y profesionalidad para hacer realidad este servicio.
El compromiso del Ejecutivo andaluz por garantizar este servicio se refleja en el mantenimiento de la partida de 44 millones de euros para este servicio en los presupuestos autonómicos para el próximo año, lo que significa 10
millones más de los que destina el Ministerio de Justicia a este mismo fin para un territorio mucho más extenso que Andalucía, con una partida de 34 millones para cinco comunidades autónomas.
La Consejería destaca este su respaldo por la Justicia Gratuita frente a la postura de otras comunidades autónomas como Madrid o Valencia, que han reducido estos gastos y plantean además la insostenibilidad del servicio o la
devolución al Estado de estas competencias.
Mejora y aumento del servicio
Desde 1997, la Administración autonómica ha destinado 334 millones de euros al Programa de Asistencia Jurídica Gratuita, cuyo objetivo es garantizar la defensa ante los tribunales de las personas que no disponen de recursos
económicos suficientes. La Junta ha trabajado además en la mejora de la calidad de este servicio y en su especialización, impulsando los turnos de oficio específicos en aquellas áreas de interés social como es la atención a los colectivos de inmigrantes, menores y mujeres víctimas de violencia.
En este sentido, la Consejería de Justicia e Interior también ha multiplicado por diez el presupuesto consignado para responder a las necesidades de los turnos de oficio y las asistencias en las guardias desde que asumió las competencias, puesto que en el año 97 eran 4,7 los millones de euros destinados a este servicio por los 44 millones de euros previstos para este 2012.
La Asistencia Jurídica Gratuita es un derecho básico que garantiza la representación letrada en procesos judiciales. La Junta de Andalucía hace frente a los gastos que genera el turno de oficio, que es la defensa y representación gratuita; el turno de guardia, que es la asistencia letrada al detenido; y los gastos de funcionamiento de los colegios por la prestación del servicio.