CCOO pide la declaración de directivos del SAE en causa abierta contra MKF

El sindicato CCOO, acusación popular en la causa abierta contra la empresa de telemercadotecnia MKF por presunto fraude en la contratación de discapacitados, pedirá la declaración como testigos de una docena de funcionarios y directivos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de las provincias afectadas.

Se trata en su mayoría de jefes de servicio y directivos o exdirectivos de las provincias de Granada, Málaga y Jaén que figuran en la querella que MKF interpuso en su momento contra la Consejería de Empleo por supuesto impago de las subvenciones concedidas.

El sindicato también pedirá ante el Juzgado de Instrucción 1 de Granada, que instruye la causa abierta contra esta empresa por presunto fraude en la contratación de discapacitados en centros subvencionados por la Junta, la declaración en calidad de testigos de la presidenta, la secretaria y el director general de la Fundación Europea para la Igualdad.

Esta fundación fue creada por MKF, según el sindicato, que solicitará también toda la documentación sobre su constitución, además de los contratos suscritos por la empresa investigada, los ingresos y pagos que constan entre 2008 y 2011 y un informe sobre trabajadores de la misma con las fechas de altas y bajas.

Entre la relación de pruebas que el sindicato propondrá en el procedimiento que se sigue contra MKF, a la que ha tenido acceso Efe, figura también cerca de una veintena de expedientes relativos a los incentivos que recibió la empresa para la creación y mantenimiento de empleo en centros especiales de empleo.

El sindicato cifra en más de 300 los trabajadores afectados en las provincias de Granada, Málaga y Jaén, donde MKF tenía su domicilio, aunque cree que esta misma situación se ha dado en Canarias a través de una fundación radicada en Madrid con la que opera la empresa en el conjunto del país, por lo que sospecha que el presunto fraude ha podido extenderse al resto de comunidades.

Algunos de esos trabajadores fueron contratados doblemente, según informó en su día el sindicato, quien explicó que la investigación va especialmente dirigida contra los dos gerentes de la empresa por supuestos delitos de fraude a la administración y otro contra el derecho de los trabajadores.

Fue el pasado junio cuando el Juzgado de Instrucción 1 de Granada abrió diligencias de investigación penal contra la empresa y citó a declarar como imputados a los dos gerentes, que ya prestaron testimonio, al igual que un grupo de trabajadores afectados.

La apertura de diligencias se produjo después de que la Fiscalía Superior de Andalucía ampliara hace un año la denuncia contra la empresa y remitiera las diligencias de investigación penal a un Juzgado para que instruyera los hechos.

En el decreto por el que la Fiscalía Superior de Andalucía se sumó a las actuaciones iniciadas en su día por el sindicato CCOO y otros trabajadores afectados, el Ministerio Público consideró que al menos “indiciariamente” la empresa ha podido incurrir “en graves irregularidades” con responsabilidad criminal, y citaba posibles delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores o falsedad en documentos públicos.

Mantenía el fiscal que la mayoría de las contrataciones hechas por la sociedad investigada, calificada como “Centro Especial de Empleo” y con domicilio en Jaén, estuvieron bonificadas como incentivos a la contratación de personas con discapacidad y tuvieron una duración menor a la legalmente establecida para estos casos.

El sindicato cree que la empresa habría defraudado 1,3 millones de euros en concepto de subvenciones recibidas para la contratación de discapacitados a los que dejó de pagar y a quienes rescindió el contrato antes de lo legalmente establecido.