El comité de empresa de Inagra, concesionaria del servicio de limpieza viaria y recogida de basura de Granada capital, ha convocado huelga indefinida a partir del próximos 7 de enero al no llegar a un acuerdo satisfactorio en la negociación del convenio colectivo con la empresa.
La huelga, convocada por el comité de empresa y por la secciones sindicales de CCOO, CGT, UGT, CIT y CSI-F, se fundamenta entre otros motivos en la modificación del pliego de condiciones pactadas en octubre de 2010 entre el Ayuntamiento y la empresa que rebajaba el precio de contrato en un 18,55 por ciento.
En noviembre de 2010, la empresa, aludiendo a esa rebaja del contrato municipal, presentó al comité de empresa un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) extintivo que afectaba a 90 trabajadores.
Según ha informado UGT en un comunicado, las negociaciones del ERE acabaron con el acuerdo de que, los más de 7 millones de euros al año que el Ayuntamiento de Granada rebajó el contrato a la concesionaria, serían pagados de la masa salarial de los trabajadores de Inagra.
Con este acuerdo entre la empresa y el comité, el Ayuntamiento e Inagra acordaron un plan de pagos hecho “a medida”, por lo que el consistorio le abonaba a Inagra todos los meses durante diez años (120 mensualidades) una deuda total de unos 65 millones de euros.
En de octubre de 2012, Inagra planteó al comité de empresa que, en virtud del nuevo plan de ajuste del Ayuntamiento para el pago a proveedores, volverían a reducir la masa salarial un 30 por ciento más de lo ya reducido, obviando que el comité de empresa y los trabajadores ya hicieron antes un plan de ajuste particular.
En este nuevo plan de ajuste, el consistorio ha incluido a la empresa Inagra de manera “incomprensible” para los trabajadores que cobre los 45 millones de euros por facturas no abonadas.
Con ello, el comité entiende que el Ayuntamiento y la empresa pretenden que los trabajadores vuelvan a pagar de sus salarios otro plan de ajuste, que beneficia exclusivamente a las dos entidades.
Según el sindicato, la empresa propone además una serie de medidas “completamente inaceptables” en materia de pérdida de derechos reconocidos en el convenio colectivo desde hace más de 35 años.