El PP blindará TG7 económica y laboralmente y se garantizará su control directo

Mientras el PP propone la privatización de las televisiones pública y elimina en Granada el servicio de teleasistencia, el Ayuntamiento de la capital convierte TG7 en servicio público, contrata a cinco de sus trabajadores como personal laboral, presupuesta 800.000 euros para su funcionamiento y evita el control de sus contenidos poniéndola directamente bajo la dirección del concejal de personal.

Según el proyecto de ordenanza reguladora de la prestación del servicio público municipal de radiotelevisión, que el gobierno de Torres Hurtado lleva al próximo Pleno del Ayuntamiento, la televisión municipal pasa a convertirse en un “servicio público”, lo que en la práctica supone equiparar la televisión municipal a un área del Ayuntamiento, algo incompatible en lo que al funcionamiento de sus órganos de gestión y control se refiere.

Además de la flagrante contradicción con las directrices de su propio partido que supone elevar a la categoría de servicio público de la televisión municipal, en lugar de proceder a su privatización, como reiteradamente viene propugnando el PP para la inmensa mayoría de las televisiones públicas, se da la paradoja que el gobierno de Torres Hurtado va a destinar 800.000 € al mantenimiento de TG-7, cuando simultáneamente suprime el servicio de teleasistencia del que se beneficiaban 3.400 mayores de la capital, con la excusa de ahorrar 400.000 €, o sea la mitad de lo que destina a la tele municipal.

Pero es que además, mientras el Ayuntamiento ha suprimido y procedido al despido de trabajadores de organismos como el IMFE, el único dedicado para el fomento del empleo, ahora Torres Hurtado, contratará a cinco trabajadores de TG7 como personal laboral, paso previo para su conversión en funcionarios.

Llama igualmente la atención el hecho de que la televisión municipal TG 7 no tenga director, al menos esa figura no se contempla en el proyecto de ordenanza, por lo que sus funciones descansan directamente sobre el concejal de personal. Tampoco se recogen en la ordenanza, instancias de control como, Consejo de Administración, Consejo de Redacción o Comité Asesor. Solo figura una Comisión de Control, prácticamente vacía de contenido y que podría reunirse una sola vez al año. Esta situación posibilita un escenario de discrecionalidad absolutamente sin precedentes en ningún medio de comunicación público y que en la práctica lo convierte en un medio de propaganda pura y dura del equipo de gobierno de turno.