La Junta de Andalucía ha denunciado la asfixia recaudatoria que la reforma energética estatal va a provocar en las empresas granadinas. La nueva ley, que entrará en vigor en enero, contempla nuevos impuestos que afectarán a más de mil instalaciones de la provincia.
El delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la junta en Granada, Jose Antonio Aparicio, ha manifestado su preocupación por la situación en la que se verán las empresas energéticas en la provincia de Granada, tras la subida del 7 por ciento para los ingresos por generación eléctrica, tasas sobre la producción y almacenamiento de residuos nucleares, un tributo para el consumo de gas natural, fuel oil y gasóleo y un canon a la generación de hidroeléctrica.
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Esta reforma energética además empeorará la situación empeorará la situación en la que el Estado dejó a las empresas del sector el pasado enero al paralizar los incentivos a los proyectos de producción de electricidad y energías renovables.
Esta paralización deja en el aire a 54 instalaciones cuya tramitación está bloqueada y con ella una inversión de 2.68 millones de euros y por tanto la creación de 6.445 puestos de trabajo. A los ciudadanos también nos tocará rascarnos el bolsillo.
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