La Diputación pide este viernes en pleno a la Junta que reabra la oficina turística de la Alhambra

El pleno de la Diputación de Granada aborda este viernes una moción del equipo de gobierno, del PP, en la que se solicita a la Junta de Andalucía que reabra la oficina de información turística situada junto a la Alhambra o que, en caso contrario, permita al Ayuntamiento de Granada hacerlo.

Para el portavoz del equipo de gobierno provincial, José Torrente, esta propuesta es “algo lógico” porque “no se puede desconectar” el monumento con la ciudad “de una forma tan vil como lo ha hecho la Junta de Andalucía cerrando esta oficina de turismo” con la que se cierra “un servicio para la hostelería y todos los servicios que presta a la ciudad de Granada”.

A juicio de Torrente, tras casi un año del cierre de esta oficina, la Junta de Andalucía “no ha hecho nada por recuperar” este instrumento que, según defenderá la moción, debe “reabrir sus puertas gestionada por la Junta de Andalucía o bien que se ceda el espacio para que el Ayuntamiento de Granada pueda utilizarlo como lo que es, una oficina de información turística para el monumento más visitado de España”.

El pleno abordará también otra moción en la que solicita a la Junta la rebaja del sueldo del gerente del Consorcio Metropolitano de Transportes por debajo de los 50.000 euros, al entender que “no es acorde con la situación económica actual que este cargo público de la Consejería de Fomento y Vivienda (IU) cobre 64.000 euros”.

En el orden del día del pleno de diciembre destacan además el informe del equipo de gobierno provincial acerca de la constitución como municipio de Domingo Pérez, entidad local autónoma (ELA) de Iznalloz.

Al respecto, Torrente ha explicado que “la Diputación meramente cumple con un trámite legal preceptivo de hacer el informe sobre la viabilidad de los servicios que hay que prestar” en esta ELA los cuales se van a prestar “igualmente” se constituya o no como municipio.

A partir de este punto, y en el marco de sus competencias, “es la Junta de Andalucía la que tiene la palabra última sobre la constitución de Domingo Pérez como municipio”.

El pleno ordinario de diciembre también va a conocer la modificación de los estatutos del Patronato Provincial de Turismo con el fin de que pueda incluirse en su consejo rector al Ayuntamiento de Almuñécar que “en un principio no entraba en los perfiles del Patronato dado que no reunía el número de habitantes para ello pero es obvio y claro” que el municipio de Almuñécar, que cuenta con la declaración de municipio turístico de la Junta de Andalucía, “debe de estar en el consejo rector del Patronato”.

Así lo ha explicado Torrente que ha señalado que se da así cumplimiento a “la promesa del presidente de la Diputación a la alcaldesa de que se haría todo lo posible para que Almuñécar entrara en el consejo rector del Patronato de Turismo”.

El equipo de gobierno también lleva al pleno del viernes la creación del servicio provincial para el tratamiento de residuos con el que se absorberán las competencias que la Diputación tenía delegadas hasta la fecha en el consorcio Resur.

“No vamos a dejar a los ayuntamientos ni un solo minuto abandonados”, ha especificado el portavoz del equipo de gobierno provincial destacando que se abre una nueva etapa en el tratamiento “ordenado y ambientalmente sostenible” de los residuos en los municipios granadinos.

El pleno también conocerá el proyecto en materia de vegas periurbanas que va a contar con un presupuesto de más de 640.000 euros, con dos anualidades en el marco del Programa de Cooperación Transfronteriza España – Fronteras Exteriores (Poctefex) para “poner en valor la riqueza medioambiental y también histórica de la provincia de Granada”, en concreto la Vega de Granada y el Jardín Nazarí de Vélez de Benaudalla.

Asimismo, se modificarán las ordenanzas para poner a disposición de los ayuntamientos y los granadinos seis nuevas pistas de pádel en la Ciudad Deportiva de la Diputación en Armilla. Consecuentemente con la puesta en marcha de estas nuevas instalaciones deportivas, “estas ordenanzas van a priorizar el uso de los ayuntamientos antes que el de personas y colectivos particulares pero dando cabida a todo aquel que lo solicite”.