El Ayuntamiento de Santa Fe se querellará contra Grúas Taboada tras encerrarse en el Consistorio su propietaria

El Ayuntamiento de Santa Fe, gobernado por Sergio Bueno (PSOE), ha anunciado este sábado su decisión de interponer una querella por supuesta estafa, coacciones y amenazas contra la empresa Grúas Taboada después de que una de las integrantes de la familia que la regenta, Esperanza Iglesias, se haya encerrado durante unas horas en el interior del Consistorio para reclamar el cobro de una deuda de cuya existencia real “duda” el Ayuntamiento, pero que la referida empresaria afirma que se deriva del depósito de determinados vehículos retirados por la Policía Local de la vía pública.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes municipales, que han recordado que ya el pasado mes de octubre el Ayuntamiento abonó a la familia propietaria de la citada empresa “un total de 50.000 euros” para saldar una deuda contraída con Grúas Taboada que sí reconoce el Consistorio, un pago que además que sirvió para que ésta no perdiese su vivienda, sobre la que, según han señalado, pesaba una amenaza de embargo.

Sin embargo, el equipo de gobierno local, aunque ha recalcado su intención de “abonar aquella cantidad que efectivamente se adeuda a la empresa”, cree que Esperanza Iglesias “ha engordado la deuda” que reclama, que, de esta manera, le produce “dudas más que razonables”.

Además, para aclarar esta situación, el Ayuntamiento va a abrir un expediente informativo a los subinspectores responsables de la Policía Local para “determinar su actuación en el momento en que se generó la deuda”, así como averiguar si ésta fue “negligente”, dado que, según explica el Consistorio en una nota remitida a Europa Press, “el control y supervisión de los vehículos retirados de la vía pública es una tarea preferente de la Policía Local”.

“TINTES GROTESCOS”

La situación que se ha generado en relación a este asunto “está tomando tintes grotescos”, según el Ayuntamiento, que cuestiona que la empresaria de Grúas Taboada haya pasado la noche de este viernes encerrada en el Consistorio, como ésta habría afirmado.

Lejos de eso, el equipo de gobierno limita el encierro, que ya están investigando tanto la Policía Local como la Judicial, y que concluyó con el desalojo de Iglesias alrededor de las 12,30 horas, a la mañana de este sábado, una “sospecha” que fundamentan en el testimonio de “numerosos testigos” que pasaron tanto este viernes por la noche como este sábado a primera hora por los alrededores de la Casa Consistorial y vieron que ésta se encontraba “cerrada”.

Por ello, y ante la posibilidad de que Iglesias haya incurrido en alguna supuesta “infracción penal”, el Ayuntamiento está tomando declaración al personal de limpieza municipal para “corroborar que este viernes a última hora de la tarde no había dado en el interior del Consistorio”.

De igual modo, el equipo de gobierno ha criticado la actitud en este asunto del PP, que, según el ejecutivo local, “ha jaleado y amparado” la actitud de Iglesias, y ha señalado que la anterior concejal de Hacienda y Gobernación, Ana Bella Camacho, actualmente “tránsfuga y principal defensora de esta mercantil”, liquidó y resolvió el contrato con la empresa a finales del año 2010, “dictaminando que la empresa era la que debía dinero al Ayuntamiento y no al revés”.

Tras llamar la atención acerca de la “casualidad” de que, actualmente, la empresa y esta concejal “comparten defensa y asesora jurídica en distintos procesos judiciales”, el gobierno local culpa a la familia propietaria de Grúas Taboada de llevar a cabo “un chantaje político permanente mediante la coacción política directa sobre los concejales del equipo de gobierno”.