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La Junta ofrece asistencia letrada a nueve docentes por agresiones y amenazas en lo que va de año
La Junta de Andalucía ha ofrecido asistencia letrada a nueve docentes en lo que va de año en la provincia de Granada por agresiones físicas, amenazas, injurias y calumnias, unas denuncias que afectan al 0,06 por ciento del total del profesorado.
En una entrevista concedida a Europa Press, la delegada de Educación, Cultura y Deporte de la Junta en Granada, Ana Gámez, ha recordado que este curso han sido 212.806 niños, jóvenes y adultos los que se han incorporado a las aulas en los distintos niveles educativos y 13.761 docentes.
Por ello, ha considerado que los expedientes que se puedan dar son “mínimos” en relación a estas cifras y “representan la garantía de que el sistema educativo funciona con plena normalidad y garantizando el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas que lo integran”.
Según los datos facilitados por la delegada, en lo que va de año –hasta noviembre de 2012– se ha ofrecido asistencia letrada a nueve docentes, cuatro de ellos por “agresión física” y el resto por “amenazas, injurias y calumnias”.
Respecto a las conductas contrarias a la convivencia en centros educativos, en el primer trimestre de este curso escolar un 0,47 por ciento del alumnado había cometido faltas graves en esta materia. Este dato demuestra a juicio de la delegada que “la amplia mayoría” de los alumnos granadinos respetan las normas de convivencia “con asiduidad”.
Por sexos, son los chicos los que incumplen más normas de convivencia, un 75 por ciento de varones frente al 25 por ciento de los chicas, mientras que por edad son los alumnos adolescentes los más problemáticos, ya que la mayoría de faltas las cometen estudiantes de entre 14 y 15 años.
En cuanto a las denuncias por fraude en el domicilio para la escolarización, Educación ha recibido 17 reclamaciones y más de cien familias granadinas han sido investigadas por estos hechos en el presente año.
De hecho, un total de 63 alumnos han cambiado de colegio al quedar demostrado por los inspectores de la Junta que los domicilios aportados inicialmente eran falsos.
La delegada de Educación ha querido matizar no obstante que el fraude en la escolarización es “una práctica poco habitual que afecta solo al 0,07 por ciento del total del alumnado matriculado”.
