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La Junta aprueba partidas para el refuerzo de la atención a la dependencia que podrían paralizar los despidos de Diputación
El Consejo de Gobierno ha acordado la distribución de 10,3 millones de euros entre las ocho diputaciones provinciales y los 81 municipios andaluces de más de 20.000 habitantes para financiar, durante el próximo año, el mantenimiento de los contratos de 298 trabajadores sociales que forman parte del personal de refuerzo para la atención a la la dependencia en la comunidad autónoma. La aportación aprobada se realiza pese a los recortes llevados a cabo por la Administración central, que para Andalucía supondrán una merma de 89 millones este año y de 125 el próximo.
El personal de refuerzo, incorporado desde 2007 e integrado por trabajadores sociales y administrativos, realiza actividades relacionadas con la tramitación de las solicitudes de baremación de la dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios, así como con la ayuda a domicilio.
Estos servicios se encargan de gestionar las prestaciones y prestar información y asesoramiento a los ciudadanos, con especial atención a colectivos como los de personas mayores y con discapacidad o inmigrantes. Su gestión compete a las entidades locales y la financiación corre a cargo de las administraciones local, autonómica y estatal.
Desde el año 2006 la Junta ha habilitado anualmente créditos dirigidos a la contratación del personal de refuerzo por parte de las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. Contando con los recursos consignados para 2013, la Junta ha destinado a este fin 121,1 millones de euros.
Una vez consolidado el sistema de atención a la dependencia tras cinco años de desarrollo de la ley estatal que lo implantó, y ante la necesidad de optimizar recursos, la Consejería de Salud y Bienestar Social centra ahora su prioridad en el área del trabajo social para poder asumir tanto el ritmo de reposición como las funciones de revisión de prestaciones y seguimiento de los Programas Individuales de Atención (PIA).
En el caso del personal administrativo, esta medida no es necesaria en estos momentos debido al retraso, decidido por el Gobierno de España, de la extensión del derecho a las personas con dependencia moderada. Al no estar prevista hasta 2015 la incorporación de este colectivo al sistema, tampoco se necesita personal de refuerzo para la tramitación masiva de nuevos expedientes, como sí sucedía al comienzo de la aplicación de la ley.
La comunidad autónoma aglutina más del 25% de las valoraciones, prestaciones y personas beneficiarias en el conjunto de España. Actualmente hay 264.257 prestaciones concedidas y 192.532 personas beneficiarias. Asimismo, 50.463 andaluces reciben el Servicio de Ayuda a Domicilio, lo que representa el 40% del total nacional (125.828), mientras que otras 67.409 son beneficiarias del Servicio de Teleasistencia (más de la mitad de las 130.828 registradas en el conjunto de España).
La Administración autonómica ha destinado unos 4.000 millones de euros al desarrollo de la Ley de la Dependencia, lo que ha permitido la generación de más 50.000 empleos en el sector (17.000 correspondientes a la ayuda a domicilio). De esta inversión, más de 1.000 millones se ha destinado a financiar a ayuntamientos y diputaciones. En los presupuestos de 2013 se consigna una partida inicial de 1.108 millones para la Agencia de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia de Andalucía.
