Las personas inscritas en los registros de demandantes de Viviendas de Protección Oficial (VPO) que ya están operativos en 337 municipios de la región prefieren el alquiler con opción a compra y sus ingresos son inferiores a los 19.000 euros brutos.
Según ha informado hoy la Consejería de Fomento y Vivienda en un comunicado, estos datos salen de cotejar los registros de los demandantes de VPO, que funcionan en 337 municipios, en los que residen 7,1 millones de habitantes, el 87% de la población andaluza.
Desde el punto de vista económico, el retrato robot de los 88.405 demandantes de VPO inscritos en Andalucía revela que el 77% de los interesados no supera los 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), lo que equivale a unos 19.000 euros brutos anuales, mientras que la horquilla comprendida entre el 1,5 y el 2,5 veces el indicador de renta, hasta los 29.000 euros brutos, aglutina el 18%.
Ambos tramos de ingresos suman el 95% de la demanda, mientras que tan sólo el 5% restante de los solicitantes cuenta con niveles de renta más elevados superiores al 2,5 veces el Iprem.
Según la modalidad de tenencia de la vivienda, el arrendamiento con opción a compra constituye la modalidad que logra mayor peso en este retrato de la demanda de VPO en Andalucía, con el 47 % de las demandas.
La modalidad del alquiler con opción a compra ofrece la posibilidad de acceder a la propiedad del inmueble pasados diez años, y al precio final del piso se le descontará parte del dinero que se haya abonado en concepto de rentas.
De acuerdo con la información recabada, las unidades familiares menores de 35 años constituyen el perfil mayoritario, con un casi 63% de la demanda.
El siguiente tramo con mayor representación lo conforma el colectivo de edad media comprendida entre los 35 y los 65 años, con un índice del 34%, y el 2% restante corresponde a la población mayor a los 65 años.
En cuanto a la tipología de vivienda que incluyen los demandantes entre sus preferencias, los tres y dos dormitorios concentran la mayoría de las peticiones.
Por otra parte, Fomento asegura que otros 200 ayuntamientos ya pueden usar la aplicación informática que facilita el desarrollo y la gestión de estas bases de datos para realizar las inscripciones de las solicitudes procedentes de demandantes de esta tipología residencial a precio asequible.
De esta forma, trabajan con este instrumento un total de 577 municipios, localizados en todas las provincias de la comunidad.
En Almería se registran 74 municipios, en Cádiz, 40; en Córdoba, 65; en Granada 110; en Huelva, 61; en Jaén, 66; en Málaga, 69; y en Sevilla, 92.
El registro municipal de demandante está recogido en la Ley del Derecho a la Vivienda como clave para conocer las necesidades de inmuebles protegidos en cada municipio de la comunidad y ajustar consecuentemente la oferta.
Hasta el momento, un total de 734 ayuntamientos de los 771 de la comunidad han aprobado las ordenanzas para crear los registros a la Consejería que dirige Elena Cortés.