La Diputación de Granada, gobernada por el PP, ha expuesto este viernes la situación que están viviendo los Servicios Sociales de la provincia como consecuencia de los “recortes” de la Junta de Andalucía, que “destinó en 2012 partidas para reforzar la atención a las personas en situación de dependencia por un valor de 998.555, una cifra que cae hasta los 515.199 euros en el presupuesto consignado para 2013”.
“Esta Diputación está sufriendo los mayores recortes por parte de la Junta de Andalucía en materia de Servicios Sociales”, ha afirmado en rueda de prensa la diputada delegada de Familia y Bienestar Social, Marta Nievas.
Estos “recortes que están haciendo de manera encubierta los partidos que gobiernan en bipartito la Junta de Andalucía están repercutiendo en la Diputación” y en los municipios de la provincia, ha señalado Marta Nievas en referencia a IU y PSOE.
Según los datos dados a conocer en una nota por el equipo de Gobierno de la Diputación, la Junta ha recortado en toda Andalucía su presupuesto en Servicios Sociales un total de 120.633.171 euros mientras que el Gobierno de España ha reducido una cantidad de 12.171.259 euros. En atención a la infancia, el Gobierno andaluz reduce 53.850.171 euros mientras que el Estado lo hace en 542.259 euros.
Esta situación se ve reflejada también en partidas como la del Plan Concertado de Servicios Sociales Comunitarios que en la comunidad autónoma se ve reducido en 21.043.237 euros, mientras que el Gobierno de España reduce sólo 3.690.000 euros, añade la nota de Diputación.
“Esta es la verdad de los recortes lo que pasa es que los trabajadores vienen a la puerta equivocada” en algunos casos “absolutamente manipulados por el PSOE”, ha señalado Marta Nievas, quien ha mostrado su preocupación por el efecto de estos recortes.
La Diputación, ha añadido, “no tiene capacidad recaudatoria como los ayuntamientos para hacer frente a la cantidad económica que supone mantener los programas que además, como he dicho en reiteradas ocasiones, son competencia exclusivamente de la Junta de Andalucía”.
Además, según ha desarrollado Marta Nievas, “no podemos crear una administración paralela con duplicidad de competencias” ni asumir un instrumento que la Junta de Andalucía creó en el marco de la gestión de la Ley de Dependencia. Ahora, “esperan a fechas navideñas para decir a la provincia de Granada que le mandan medio millón euros menos para el programa de refuerzo de la Ley de Dependencia”.
Nievas ha pedido también de forma expresa a la secretaria provincial del PSOE, Teresa Jiménez, que explique las cantidades que aparecen en los BOJA de 28 de diciembre de 2011 y 31 de diciembre de 2012, que suponen un “recorte por parte del bipartito PSOE-IU de 483.000 euros, casi medio millón de euros, en el programa de refuerzo a la Ley de Dependencia”.
Eso conlleva, “desgraciadamente, que 18 auxiliares administrativos vinculados al refuerzo de la Ley de Dependencia van a tener que dejar de prestar sus servicios en los centros de Servicios Sociales de la provincia”, ha señalado.
El diputado delegado de Función Pública, Francisco Javier Maldonado, también ha invitado a las trabajadoras de Servicios Sociales Comunitarios a “ir a la Junta de Andalucía a pedir que dejen de recortar” ante la “realidad fundamentada en datos”que supone hacer la comparativa publicada en el BOJA de las cantidades asignadas en esta materia por la Junta de Andalucía para 2012 y 2013”.
Maldonado ha explicado que en una reunión mantenida con estas afectadas por los recortes de la Junta de Andalucía, que coincidió con un encuentro del portavoz del Grupo Socialista y secretario de Organización del PSOE de Granada, José Entrena, con mayores de la provincia, las invitó a “bajar a hablar con él e ir todos juntos a la puerta de la Delegación del Gobierno andaluz” en Granada con el objeto de que se repusiera el dinero que permitiría continuar con los programas de refuerzo de la Ley de Dependencia.
La respuesta de las trabajadoras fue “ir a encerrarse al salón de actos” en vez de solicitar al PSOE el abono del dinero que deja de ingresar a la Diputación Provincial, que asiste en esta materia a los municipios de menos de 20.000 habitantes, ha explicado el diputado de Función Pública.
Así las cosas, y según ha proseguido Francisco Javier Maldonado, “la Junta, que tiene todas las transferencias en materia de Bienestar Social, cree más conveniente gastarse el dinero en mantener un director de la Memoria Histórica o un gerente del Consorcio de Transportes con un sueldo anual de 65.000 euros”.