Chamizo instará a la Diputación a “readmitir” a las trabajadoras de Servicios Sociales despedidas, según el colectivo

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se ha comprometido este viernes a elaborar un escrito de queja dirigido a la Diputación de Granada para expresar su rechazo a los despidos llevados a cabo entre la plantilla de los Servicios Sociales Comunitarios de dicha institución, así como para solicitar la “readmisión” de estos empleados.

Así lo ha indicado a Europa Press una de las trabajadoras despedidas, Guadalupe Trujillo, que ha hablado en representación del colectivo y que, junto a miembros de las secciones sindicales de UGT, CCOO y USO en la Diputación de Granada, ha mantenido este viernes en Sevilla una reunión con Chamizo.

De esta manera, Trujillo ha señalado que, para cumplir su compromiso, el Defensor les ha solicitado una serie de documentos “de carácter legal” para que acrediten que “forman parte de la estructura de la Diputación”, y que éstos piensan remitirle “la próxima semana”, con el objetivo de que la queja pueda estar lista “a la mayor brevedad”.

Con dichos documentos, los trabajadores tratarán de demostrar, según ha explicado Trujillo, que la estructura de la institución provincial ha quedado “muy resentida” como consecuencia de estos despidos, que han provocado que los servicios sociales “no puedan prestar una atención adecuada” a la ciudadanía.

Ese es precisamente el motivo, según ha añadido, por el que el Defensor del Pueblo Andaluz ha trasladado su apoyo a este colectivo, porque, según ha indicado, Chamizo “entiende que los servicios sociales deben jugar un papel clave en el momento actual de crisis económica”, de ahí que las administraciones “deban apostar por ellos”.

Asimismo, los participantes en la reunión han entregado a Chamizo “más 14.000 firmas” en contra de los despidos de los trabajadores en Servicios Sociales, que ya suman “un total de 35”, según ha apuntado la portavoz, que ha señalado que este mismo viernes se han hecho efectivos otros “18” que vienen a sumarse a los 17 anteriores; en concreto, de diez trabajadores sociales, cinco educadores sociales y dos psicólogos.

Este colectivo de profesionales presta servicios en 160 municipios de la provincia, y gestiona desde los ayuntamientos programas de inmigración, dependencia y ayuda a domicilio.