El exalcalde de Otura y presidente del PP en esta localidad granadina, Ignacio Fernández Sanz, ha denunciado a su sucesor al frente del Ayuntamiento, Pedro Cabanillas, y a tres ediles del equipo de Gobierno, todos de su partido, por supuestos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
En la nueva denuncia, a la que hoy ha tenido acceso Efe y que presentó ayer en el Juzgado de Instrucción 5 de Granada, Fernández Sanz, edil en el Consistorio pero sin ostentar ninguna responsabilidad en el equipo de Gobierno, señala que ha tenido conocimiento de la supuesta adjudicación irregular de una obra.
Esta obra comprendía el adoquinado de varios viarios peatonales de la urbanización de unos polígonos del municipio y el denunciante considera que, en la forma de actuar de la Mesa de Contratación, se evidencia “arbitrariedad” al haberse ausentado de la misma la secretaria accidental.
“La presidenta María Dolores Plata tenía que haber suspendido la sesión y nunca adoptar decisión en contra de la opinión de los técnicos que formaban parte de la mesa (…) y valorar las tres ofertas presentadas”, recoge la denuncia.
Fernández Sanz señala que, posteriormente, el alcalde Pedro Cabanillas y las concejalas María Dolores Plata, María Dolores Dobaño y Rosa Velasco procedieron a emitir una valoración que invadía las competencias de la Mesa de Contratación y que no tenía en cuenta la opinión de los técnicos.
La denuncia, que adelanta hoy el diario Ideal, indica que obviando sus limitaciones competenciales y contraviniendo el informe del técnico municipal, con un informe y “advertencias de ilegalidad” de la secretaria, acordaron “por unanimidad” adjudicar las obras de adoquinado a la empresa ACSA, Obras e Infraestructuras SA por una cuantía total de más de 441.100 euros.
En definitiva, entiende que el acuerdo fue adoptado “a sabiendas de su injusticia” por el alcalde y concejales que compusieron la Junta de Gobierno en la que se aprobó, lo que perjudicó a su juicio los intereses del municipio y de las dos empresas restantes.
Del relato del hechos observa cómo se dan “indiciariamente” los requisitos del delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, por lo que considera “absolutamente necesario” que se esclarezcan los hechos, se depuren responsabilidades y se investigue la efectiva comisión de los delitos.
Fernández Sanz renunció el pasado octubre a su cargo de regidor alegando motivos de salud después de que seis de los ocho ediles que conformaban entonces su equipo de gobierno -entre los que están los ahora denunciados- presentaran otra denuncia para pedir la investigación de la existencia de supuestas facturas falsas o duplicadas.
Por su parte, la secretaria general del PP de Granada, Luisa García Chamorro, ha sido hoy preguntada por esta denuncia en rueda de prensa y ha declarado que, ante la situación que se vive en el municipio, desde el partido están “preocupados” y el presidente, Sebastián Pérez, convocará la próxima semana el Consejo de Gobierno de la formación para analizarla y tomar decisiones.