La Junta invita a hacer aportaciones al borrador de la futura ley de protección de derechos en la contratación hipotecaria

La Secretaría General de Consumo de la Consejería de Administración Local y Rela-ciones Institucionales invita a la ciudadanía a hacer aportaciones al borrador del proyecto de ley de protección de derechos en la contratación hipotecaria, que se prevé presentar al Par-lamento en los próximos meses. Para realizar las sugerencias, la consejería ha creado un apartado específico en su página Web, que estará disponible hasta el próximo 8 de marzo, al que puede accederse desde la dirección: http://www.juntadeandalucia.es/administracionlocalyrelacionesinstitucionales/opencms/portal/portada.jsp.

El objetivo es mejorar y enriquecer la futura norma para reforzar las garantías y dere-chos de las personas consumidoras y usuarias que se vean obligadas a contratar productos hipotecarios destinados a facilitar la compra de vivienda. En este sentido, la administración andaluza dejará de ser neutral y tomará partido a favor de la mayoría social, como anunció en el Parlamento el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.

Además, el borrador se ha remitido a los integrantes del Consejo Andaluz de Consumo, las organizaciones de consumidores y usuarios más representativas en Andalucía (FACUA, UCA/UCE y AL-ANDALUS), la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), y a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP). Igualmente, se ha enviado a otras entidades interesadas como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca.

El borrador de la futura ley, se estructura en distintos bloques relativos a la transpa-rencia en la contratación, exigiendo una actuación honesta y profesional de las empresas, transparencia referida a las tarifas de comisiones, información previa a la contratación de con-tratos de crédito o préstamos hipotecarios dirigida a las personas consumidoras y en la pro-piamente contractual, así como la introducción del arbitraje y la mediación para solucionar los posibles conflictos con las entidades financieras.

El texto del borrador reconoce garantías a las personas que formalicen estos contratos y a las que avalen las operaciones de préstamos o créditos. Asimismo, reconoce de forma expresa la accesibilidad de las personas con discapacidad y de edad avanzada a la informa-ción que debe proporcionarse por las entidades de crédito y empresas que prestan estos ser-vicios.

En cuanto a la publicidad, el borrador prevé que se indique de manera destacada si, en caso de incumplimiento, la garantía del contrato alcanza al valor de la vivienda hipotecada y al resto de los bienes presentes y futuros del consumidor o si se limita sólo al valor de la vivienda. También deberán detallarse los gastos que conlleva el impago de la cuota, si los hubiera, y advertir de forma expresa si hay riesgo de perder la vivienda en caso de que se incumplan los compromisos adquiridos en el contrato de crédito.

Otras obligaciones y garantías

El texto que prepara la Junta contiene igualmente la obligación de las entidades de crédito y empresas prestamistas de evaluar la solvencia de las personas consumidoras y usu-rarias, tomando como referencia los ingresos presentes y futuros, ahorros y deudas, entre otros parámetros.

Para garantizar los derechos de las personas consumidoras, el borrador de la norma prevé que la Junta promueva entre las entidades que gestionan estos créditos la adhesión al sistema de arbitraje de consumo para una mejor y más ágil resolución de posibles conflictos.