El Ayuntamiento de Armilla negocia con la empresa que ofrece el servicio municipal de Teleasistencia para que paguen en función de sus ingresos

El Ayuntamiento de Armilla está renegociando con la empresa que presta el Servicio de Teleasisntecia en Armilla para que no repercuta en los 92 usuarios de la localidad, la parte que el Gobierno Central de Mariano Rajoy ha dejado de ingresar por este servicio. El anterior equipo del PP en Armilla presidido por Antonio Ayllón llegó a un acuerdo por el cual todos los usuarios deben pagar el servicio de forma lineal (10,80 €) y no en función de sus ingresos.

La concejala de Bienestar Social y Juventud del Ayuntamiento de Armilla, Francisca Fernández, ha presentado una propuesta  a la empresa que presta el Servicio de Teleasistencia en la localidad (que ha sido muy bien acogida) para que los usuarios del servicio, la mayoría personas mayores y con pocos recursos económicos,  paguen el servicio en función de sus  ingresos”, la diferencia la asumiría el consistorio armillero. “El actual gobierno de Armilla está renegociando este acuerdo que perjudica a los colectivos más perjudicados”.

El  Ayuntamiento de Armilla  “apuesta por el mantenimiento de las políticas sociales, por el estado del bienestar y de los servicios básicos como es la teleasistencia y que se mantendrán a pesar de la dificultades económicas que estamos atravesando”, afirma.

El Ayuntamiento de Armilla, en la medida de sus posibilidades, quiere garantizar el Sistema Público que está desapareciendo a causa de los recortes que reducen los servicios sociales destinados a los colectivos más necesitados.

“Queremos que los 92 usuarios de Armilla continúen con el servicio de Teleasistencia que en Armilla lleva funcionando desde hace 18 años”, afirma Francisca Fernández. Además del denominado “botón rojo”, la Teleasistencia ofrece otras prestaciones como una unidad móvil medicalizada; una coordinadora de zona que realiza un seguimiento personalizado de los usuarios; además de otros servicios más específicos como la custodia de llaves, dispositivos de seguridad (detección de humos) o videovigilancia, siempre que el equipo de profesionales que realizan la valoración así  lo señalen.