La Diputación revisará de oficio el concurso convocado para la Secretaría General

La Diputación Provincial de Granada revisará de oficio el concurso convocado por el anterior equipo de gobierno (PSOE-IU) para la Secretaría General de la institución por entender que está “hecho a medida para un determinado funcionario” además de que “estamos convencidos de que es lesivo para los intereses provinciales”, según ha informado en rueda de prensa el vicepresidente segundo José Robles.

“Todos los aspirantes deben tener las mismas posibilidades de presentarse a cualquier concurso, y estamos en nuestro derecho de autoorganización”, ha reseñado José Robles que ha pedido explicaciones al PSOE de “por qué se modificó la forma de provisión de esta plaza en la Diputación de Granada cuando todos los habilitados nacionales se nombran por libre designación”.

Así, solo la selección del secretario general quedaba a expensas de un concurso a diferencia de los cargos de vicesecretaria primera, vicesecretario segundo, interventor, viceinterventora y tesorero que “se cubren aquí como en el Ayuntamiento de Granada por libre designación”.

“¿Por qué de forma determinada y concreta se sacó esta plaza a concurso?”, se ha preguntado el vicepresidente segundo que ha explicado que “si hubiera sido bueno para los intereses provinciales entiendo que se debería haber hecho con el resto de habilitados nacionales”.

El actual equipo de gobierno considera que la habitual fórmula de nombramiento de los habilitados nacionales que ocupan puestos como el de secretario general en la Diputación se interrumpió con un concurso ‘ad hoc’ al igual que se hizo con otros cargos de confianza de la anterior Corporación Provincial que fueron convertidos en funcionarios antes del final del mandato.

De hecho, José Robles ha detallado los distintos méritos específicos que debía de reunir el funcionario que se acogiera al concurso de méritos diseñado por el anterior equipo de Gobierno al que solo se presentaron dos personas. De ellos, en el apartado de méritos específicos, quien ejercía como secretario general de la anterior corporación provincial hubiera tenido 7,5 puntos “que ni decir tiene que es la máxima puntuación que se podía obtener en ese baremo”, ha señalado Robles que ha especificado que el otro candidato solo habría conseguido 2 puntos.

“El concurso que se ha hecho se ajusta como un guante al perfil profesional del funcionario que ejercía las labores de secretario general en la Diputación”, ha afirmado el vicepresidente segundo que ha destacado alguno de estos méritos específicos como es el “desempeño del cargo de secretario de consorcio o de otra entidad pública de base asociativo, con ámbito de actuación autonómico, siempre que el mismo esté participado al menos en un 50 por ciento por una o varias diputaciones provinciales andaluzas”. Es el caso del Consorcio Fernando de los Ríos lo que hacía cumplir el requisito al funcionario que ocupaba el puesto de secretario en el anterior mandato y que habría obtenido la máxima puntuación.

Además “no parece lógico ni ético ni moral que sea el propio secretario que había en la Corporación quien prepare este concurso”, ha añadido José Robles.

En la rueda de prensa, José Robles ha respondido también a las manifestaciones del diputado socialista, José María Aponte, a raíz de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 4 de Granada sobre la designación del actual secretario general que, al estar en comisión de servicios y según ha especificado el vicepresidente, fue nombrado por la Junta de Andalucía y no por la Presidencia de la Diputación a diferencia de lo que ha dicho “el PSOE que ha mentido a sabiendas de que lo estaba haciendo”.

El vicepresidente segundo de la Diputación de Granada, José Robles, ha enumerado la lista de cargos de confianza del anterior mandato (PSOE-IU) a los que “sacaron plazas de funcionarios hechas a su medida” como es el caso del alcalde de Padul, Manuel Alarcón, en Deportes, o el exdirector del área de Cooperación Local, Cultura y Juventud Jorge López en Desarrollo Provincial y Empleo.

Asimismo, ha recordado la sentencia del Tribunal Constitucional para readmitir por despido improcedente a una trabajadora embarazada en el anterior mandato; la condena en Atarfe a pagar una obra de 1,5 millones de euros; o la suspensión de 73 plazas de funcionarios en el Servicio Provincial Tributario, derivados todos ellos de actuaciones del anterior equipo de Gobierno.

Por ello, Robles ha lamentado “que hable de revolcones judiciales el señor Aponte cuando ellos han tenido no revolcones, sino cogidas con varias trayectorias, que terminaron el 22 de mayo con su muerte política en el Gobierno de la Diputación de Granada por obra y gracia de los votantes de la provincia”.