Juez archiva parcialmente la causa contra MKF pero insta a investigar fraude en otras provincias

El Juzgado de Instrucción número 1 de Granada ha archivado parcialmente la causa abierta contra la empresa Marketing Finance & Profesional Contact Center (MKF), que estaba siendo investigada por el supuesto uso de discapacitados para el cobro fraudulento de subvenciones de la Administración Autonómica, pero instando a investigar a los jueces de las provincias de Málaga, Sevilla y Jaén.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado Basilio Miguel García, acuerda el sobreseimiento provisional con respecto del delito de subvenciones públicas investigado en lo que se refiere a la provincia de Granada, después de que la Consejería de Empleo informara al Juzgado de que MKF “no ha recibido en sus oficinas en Granada ninguna cantidad en concepto de subvención o incentivo a la contratación con carácter indefinido en los años 2008, 2009 y 2010”.

Sin embargo, acuerda continuar la instrucción sobre un delito contra el derecho de los trabajadores presuntamente cometido en Granada, y resuelve remitir las diligencias a los juzgados decanos de Málaga, Sevilla y Jaén “por la existencia de indicios de delitos de defraudación de subvenciones públicas en cada una de dichas capitales, en relación a las otorgadas en los años 2008, 2009 y 2010 a la sociedad”.

De hecho, en un informe elaborado por la Consejería de Empleo al respecto y aportado a la investigación judicial, al que también ha tenido acceso Europa Press, la Administración Autonómica concreta que en esos tres años se concedieron a la empresa un total de 1,38 millones de euros en ayudas en las provincias de Jaén y Sevilla (680.044,20 euros en 2008, 627.634,13 en 2009 y 76.563,35 en 2010).

En otro documento, la Junta de Andalucía señala que, una vez que constató que la plantilla tenía una “significativa inestabilidad” pese que la empresa percibió subvenciones para la creación de puestos de trabajo estables para personas con discapacidad, y después de que MKF cerrara sus centros de trabajo, el 16 de septiembre de 2011 se iniciaron los trámites para que reintegre las ayudas recibidas.

Además, indica que el 14 de junio de 2011 la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Granada incoó contra la empresa cuatro actas de infracción, dos graves, por obstrucción a la labor inspectora (626 euros) y en materia de prevención de riesgos laborales (2.046 euros), y otras dos muy graves, por impago de salarios a los trabajadores (15.000 euros), e impago del subisidio por incapacidad laboral transitoria (626 euros).

Ya el 9 de septiembre de 2011, se procedió también a iniciar el expediente de descalificación y cancelación resgistral de la entidad como centro especial de empleo, expediente que está en fase de tramitación, según consta en el escrito elaborado por el Departamento de Ayudas a la Contratación, de la Dirección General de Calidad de los Servicios y Programas para el Empleo.

En el caso está personado el sindicato CCOO de Granada, cuyo asesor jurídico, Amador Torres, ha señalado a Europa Press que no va a recurrir el archivo parcial de la causa y que tiene previsto personarse también como acción popular en los posibles procesos que se abran en Jaén, Málaga o Sevilla.

EL COMIENZO DE LA INVESTIGACIÓN

Fue la Fiscalía Superior de Andalucía la que incoó diligencias el 6 de junio del de 2011, tras lo que el Juzgado de Granada inició la investigación al recibir un decreto en el que el Ministerio Público consideraba que MKF podría haber incurrido, cuando menos indiciariamente, en “graves irregularidades”.

De hecho, y después de la investigación llevada a cabo por la Unidad de Policía Judicial adscrita a la Fiscalía, el fiscal superior, Jesús García Calderón, concluía que los hechos, denunciados en su día por el sindicato de CCOO y un conjunto de trabajadores de la empresa, podrían ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, o de falsedad en documento público, según constaba en el decreto al que en su día tuvo acceso Europa Press.

La Fiscalía acordó entonces remitir lo investigado por la Policía Judicial, a través de la Fiscalía Provincial de Granada, al Juzgado de Instrucción número 1 de Granada, así como a las Fiscalías Provinciales de Jaén y Málaga “para su conocimiento y a los efectos oportunos”.

Según el informe policial realizado, la mayoría de las contrataciones de la sociedad, siempre bonificadas como incentivos a la contratación de personas con discapacidad, tuvieron una duración de poco más de una semana y, en cualquier caso, “sin superar los cuatro meses de duración contractual establecido como periodo de prueba”.

Estas contrataciones “han supuesto un notable incremento económico para la beneficiaria de las subvenciones”, que, “en ningún caso y de manera intencionada”, ha vinculado su percepción con la continuidad temporal del empleo con la integración laboral de las personas discapacitadas que fueron contratadas e incluso con la viabilidad económica de la empresa.

El número de trabajadores con discapacidad que fueron afectados por estas situaciones de contratación bonificada es de un total de 307 entre las tres provincias, y la cantidad total percibida por MKF de la Junta de Andalucía asciende a 1.384.241,68 euros, correspondientes a los ejercicios 2008, 2009 y 2010.

El cobro de estas cantidades ha supuesto por la empresa el “reiterado y continuo incumplimiento” de la legislación aplicable por la concesión de incentivos a los centros especiales de empleo para la contratación de personas con discapacidad y, en ese sentido, la Fiscalía recordaba que la Consejería de Empleo debe tener el “suficiente control y seguimiento de estas contrataciones subvencionadas para reclamar el cumplimiento de sus fines o interesar el oportuno reintegro de las cantidades percibidas”.