El Ayuntamiento de Granada estudia personarse como parte perjudicada en la causa abierta contra dos funcionarios acusados de espiar las nóminas de políticos, entre ellos el alcalde, José Torres Hurtado (PP), con el objetivo de “poner en evidencia” la supuesta inseguridad del sistema informático tras su destitución en sus puestos del Centro de Proceso de Datos municipal (CPD).
El concejal de Personal, Servicios Generales y Organización, Juan Antonio Fuentes (PP), ha señalado en declaraciones a Europa Press que aún no se ha recibido “ninguna notificación oficial del Juzgado” que les ofrezca personarse en el caso, pero “cuando llegue se estudiará” esta opción.
Estas declaraciones se producen después de que la Fiscalía presentara el pasado 4 de febrero una querella contra estos dos funcionarios, José A.S.R. y Eduardo P.F., a los que atribuye un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público y otro en su modalidad de acceso y mantenimiento inconsentido en un sistema de información.
El fiscal considera que, sin descartar la participación de otras personas en coordinación con ellas, los acusados espiaron estas nóminas para “poner en evidencia” la presunta inseguridad del Sistema de Información Municipal, “debida a la mala gestión y organización del Centro de Proceso de Datos municipal ocasionada por su destitución” tras la última remodelación operada en este lugar el 14 de julio de 2011.
De esta forma, sin hallarse adscritos al proyecto ni autorizados para el empleo de los recursos físicos, lógicos o informacionales del Sistema de Información Municipal (SIM), “generaron un ataque” al mismo “y se mantuvieron en el mismo mucho más tiempo del preciso para la mera detección y neutralización de los posibles problemas de diseño de la aplicación Visor Nóminas y Visor Retenciones”.
Además, lo hicieron “con el propósito de documentar en los registros de la aplicación un incidente que comprometiera la imagen de la corporación local en materia de seguridad informática de sus recursos, obligándole a afrontar las posibles consecuencias en el plano legal y de deterioro de su imagen pública frente a los organismos públicos encargados de la protección de la información personal almacenada en el SIM.
Prueba de ello es que el 26 de junio, recuerda el fiscal, el denunciando Eduardo P.F. –como miembro del sindicato CCOO– y otros representantes sindicales dieron una rueda de prensa en la que dieron cuenta tanto del hecho acaecido como de la naturaleza y descripción de los ataques realizados, explicando detalladamente a los medios informativos convocados “cómo convertirse en un hacker” del sistema informático municipal. Información que, por otra parte, ambos denunciados ya habían ofrecido en explicaciones dadas a medios de comunicación desde el 19 de junio.
