El seguimiento de la huelga de jueces y fiscales, que está teniendo lugar en la jornada de hoy, ha alcanzado en Granada cifras de seguimiento del 50 por ciento según los convocantes. A mediodía de hoy ha tenido lugar una concentración ante los juzgados de La Caleta por parte de jueces y fiscales, para protestar por la práctica totalidad de medidas adoptadas por el Ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón. Los jueces y fiscales han leído un comunicado en el que explicaban las razones para esta convocatoria de huelga. Sara Muñoz-Cobo García, fiscal de la Audiencia Provincial de Granada.
[mp3j track=”Escucha a Sara Muñoz@wp-content/uploads/2013/02/fiscal-audiencia-comunicado.mp3″]
El colectivo judicial ha recordado que desde su última concentración en el pasado mes de noviembre ha entrado en vigor una ley que ha supuesto la eliminación de más de 1.000 jueces sustitutos, con la consiguiente carga extra de trabajo para el resto de jueces profesionales. Otro asunto que han denunciado jueces y fiscales es el proyecto de reforma del Consejo General del Poder Judicial. Jueces, magistrados y fiscales entienden que esta medida afecta gravemente a la independencia del poder judicial. Francisco Sánchez Gálvez, Juez Decano de Granada.
[mp3j track=”Escucha a Francisco Sánchez@wp-content/uploads/2013/02/decano-jueces-independencia.mp3″]
Jueces y fiscales en su comunicado piden el incremento de la inversión pública en justicia, la paralización inmediata del proyecto de ley para la reforma del Consejo General del Poder Judicial y la derogación de la ley de tasas. Además reivindican la derogación de la Ley Orgánica de agosto del año pasado, para garantizar que se incremente la planta judicial y fiscal al nivel de la media europea, que es de 20 jueces por cada 100.000 habitantes, mientras que en España de de solo 10. Por último han pedido la reforma de la ley del indulto porque incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, provocando la arbitrariedad, al no exigirse explicación alguna para su concesión, dejando sin efecto condenas judiciales firmes por hechos gravísimos, como los de policías torturadores o del conductor kamikaze.