El macrojuicio a 50 acusados por fraude acaba en un solo día tras un acuerdo entre las partes

 

GRANADA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) –

El macrojuicio por fraude al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y a la Seguridad Social previsto inicialmente para un total de 24 días de febrero, marzo y abril ha concluido finalmente este lunes, en la primera jornada, tras un acuerdo entre la Fiscalía, las acusaciones particulares y las defensas de los 50 acusados de formar parte en un entramado de empresas falsas para cobrar prestaciones sociales y subsidios por desempleo.

La vista, que se ha celebrado en el salón de actos del Edificio Judicial de la Caleta por las dimensiones de este proceso, uno de los mayores de los últimos años en la historia judicial de Granada, ha comenzado cerca de las 11,00 horas, cuando los procesados y un total de 33 abogados ya se habían posicionado en la sala, presidida por el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.

La fiscal ha comenzado entonces a desgranar todos los puntos del acuerdo alcanzado, que ha supuesto para los inculpados una rebaja en la petición de condena inicial, que rondaba entre los tres años de cárcel, con multas de 3.600 euros, hasta los nueve y multas de 1,5 millones para los considerados cabecillas de la trama.

El acuerdo de conformidad ha supuesto para el acusado principal, Emilio S.R., una reducción de esos nueve años a tres por un delito contra el sistema de la Seguridad Social, que incluye la prohibición del derecho a percibir subvenciones o ayudas sociales por un periodo de cinco años. Otro delito contra el sistema de la Seguridad Social se le atribuye también a otras seis mujeres, entre ellas su esposa, su madre, su hermana y su cuñada, que deberán hacer frente a dos años de cárcel, y a la misma prohibición del derecho a percibir ayudas sociales por tres años.

La fiscal ha retirado su acusación contra un toxicómano y otro hombre dedicado a la recogida de chatarra a los que inicialmente imputaba por presuntamente haber dado de alta a las dos empresas fantasmas de las que se valieron el resto para defraudar las prestaciones sociales, al entender que no “tenían conocimiento de la constitución” de las mismas.

Para el resto de los encausados, el Ministerio Público ha decidido reducir su solicitud de los tres años a los nueve meses de prisión, que disminuye a tres meses en el caso de dos de los 41, que ya han abonado íntegramente las cantidades percibidas indebidamente y que por ello se les aplica la atenuante de reparación del daño.

Además, la fiscal se ha mostrado a favor de la suspensión o sustitución de las penas privativas de libertad (por ejemplo por trabajos en beneficio de la comunidad).

Tras la lectura de la modificación de sus conclusiones provisionales, las acusaciones representadas por la Abogacía del Estado y la Seguridad Social se han adherido a las peticiones del Ministerio Fiscal, a las que también se han sumado todas las defensas.

Al finalizar este trámite, el magistrado-presidente José Juan Sáenz Soubrier ha afirmado a los presentes que la sentencia –que estará lista entre el 11 y el 15 de marzo– se ceñirá a lo acordado dando la palabra a cada uno de los 50 acusados, que han ido diciendo ‘Acepto’ o ‘Estoy de acuerdo’ a los términos de la conformidad entre acusaciones y defensas. En algunos momentos ha habido risas entre los procesados, a lo que el presidente del tribunal ha contestado con un ‘No tiene tanta gracia’.

ACUSACIÓN DE LA FISCALÍA

Según la acusación del Ministerio Público, el principal imputado, Emilio S.R, puesto previamente de acuerdo con diversos miembros de su familia y entorno, entre ellos su esposa, su hermana, su madre y su cuñada, “urdieron un plan directamente encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño” la obtención de las prestaciones y subsidios por desempleo mediante la creación de un entramado de sociedades con la finalidad de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social a cambio de una cantidad de dinero no determinada que, en cada caso, era entregada por el supuesto trabajador, durante los años 2007, 2008 y 2009.

Para ello, el procesado y su familia, también acusados, se valieron de dos personas interpuestas, de otro de los inculpados, sin profesión y dedicado a la recogida de chatarra, y de un toxicómano, también imputado, y con fecha 13 de diciembre de 2005 y 22 de octubre de 2004 procedieron a dar de alta a estos como empresarios individuales, a través de las razones sociales de dos empresas del sector de la construcción “sin actividad real, ilocalizables, sin domicilio social y fiscal real, sin centro de trabajo y sin los medios materiales necesarios para prestar los supuestos trabajos”, sin que éstos tuvieran conocimiento de esa constitución.

Seguidamente, los encausados, “simulando íntegramente una relación laboral inexistente”, y “conociendo que nunca iban a ser prestados los trabajos”, tramitaron en la Seguridad Social numerosas altas de trabajadores previa elaboración del correspondiente contrato de trabajo ficticio que era presentado ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), manteniendo a los trabajadores en esta situación de alta laboral “durante el tiempo suficiente para poder acceder a las prestaciones y subsidios por desempleo y sin abonar nunca las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social”.

A continuación “simulando igualmente” el cese en la relación laboral, los acusados presentaron ante el SPEE la documentación necesaria para la consecución de su objetivo, de forma que obtuvieron y les fueron abonadas las prestaciones y subsidios por desempleo, logrando defraudar un total de 345.601,74 con una de las empresas, con el alta de 78 trabajadores, y con la otra 607.512,86, con 103 solicitudes de altas.

Los empleados, puestos de común acuerdo con Emilio S.R. y su familia, elaboraron documentos de trabajo ficticios que después se daban por finalizados para presentar la correspondiente solicitud de subsidio de desempleo y conseguir cantidades que rondaron entre los 2.000 y los 13.000 euros.