IU advierte del carácter “ilegal” que tendría la reactivación de las obras de la tubería del Río Castril

Izquierda Unida ha anunciado su intención de pedir explicaciones al Gobierno de España sobre el anuncio, efectuado ayer mismo por el subdelegado del Gobierno, Santiago Pérez, de reactivar las obras de la conducción de agua desde la cabecera del río Castril a los pueblos de la comarca de Baza. La foto muestra la reunión presidida por el subdelegado en Baza.

Según Manuel Morales, coordinador provincial de la formación en Granada, este anuncio es “una declaración de intenciones del Gobierno de España de desobedecer las sentencias judiciales que de forma reiterada han dado la razón a los vecinos y agricultores que defienden su río, estableciendo el carácter ilegal” tanto de la conducción como de las expropiaciones, por lo que IU pide la demolición de las obras.

En este sentido, Morales ha recordado tanto el auto de la Audiencia Nacional que suspendía de forma cautelar la orden ministerial que daba amparo jurídico a las obras de la tubería, en diciembre de 2011, como la posterior admisión a trámite, ante el Tribunal Constitucional, del último intento del gobierno Zapatero por legalizar unas obras “injustificables”, a través de una disposición adicional que el Tribunal Supremo calificó como “redactada para eludir el acatamiento de resoluciones judiciales y la orden de paralización del trasvase del río Castril”, según auto de éste tribunal de marzo de 2012.

Izquierda Unida sostiene que “la única actuación legalmente posible en estos momentos en el río Castril es la demolición de las obras” la devolución de las tierras a sus propietarios, por lo que considera imprescindible una “rectificación urgente” de la línea de actuación anunciada por el Subdelegado de Gobierno.

Por ello, la organización ha puesto en conocimiento del grupo parlamentario federal, y en concreto del senador José Manuel Mariscal, esta cuestión, al objeto de recabar del Gobierno explicaciones sobre las sorprendentes declaraciones del subdelegado del Gobierno, así como sobre la posible violación de las sentencias judiciales firmes existentes.