El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Granada alerta sobre la entrada en vigor en diciembre de 2014 de una medida, impulsada por el Ejecutivo de Rajoy, que afectará a unos 1.500 comerciantes de la capital. Se trata de la finalización de los contratos de arrendamiento de renta antigua anteriores a 1985. Según la concejal Raquel Ruz esta iniciativa podría poner en dificultad al 10% del sector dentro del casco histórico de la ciudad. Para ello, el PSOE presentará en el pleno del 22 de marzo una batería de medidas para paliar la situación. Dos de ellas, serán de competencia municipal: hacer un estudio para concretar número de afectados y crear una oficina de asesoramiento.
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Por otro lado, los socialistas pedirán al equipo de gobierno del PP que inste al Gobierno de España a que ponga en marcha una prórroga de la medida.
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