La jueza Alaya reactiva el caso de los ERE con 22 detenciones, una en Granada

La titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ha reactivado hoy la investigación sobre los ERE irregulares de la Junta de Andalucía con una operación en la que han sido detenidas, de momento, a veintidós personas, la mayoría relacionadas con empresas mediadoras de estas ayudas.

Once de estos detenidos por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en varias comunidades autónomas están vinculados al grupo asegurador Vitalia, nueve en Barcelona y dos en Madrid. Entre los imputados en este caso figura el director general de Vitalia, Antonio Albarracín, cuya esposa ha sido detenida esta mañana tras un registro de su vivienda y es conducida ante la juez Alaya, quien se reincorporó a su juzgado la primera semana de marzo, tras seis meses de baja médica. Otras seis personas han sido detenidas en Sevilla; tres más en Cádiz, una en Granada y otra en Las Palmas de Gran Canarias.

El detenido en Granada es Ismael S.G., gerente de una empresa supuestamente relacionada con la trama. Es cuñado del sindicalista Juan Lanzas, considerado como el “conseguidor” de los ERE.

Además de estas detenciones, Mercedes Alaya toma declaración desde las 14:00 horas al ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en esta causa, para quien el fiscal ha pedido que reingrese hoy en prisión por riesgo de fuga, posibilidad de alteración de pruebas y para evitar contactos con otros inculpados en el caso.

El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, ha confirmado esta petición para su defendido, quien el pasado octubre salió de prisión tras pagar una fianza de 50.000 euros, en una breve conversación con los periodistas en la que ha comentado, con cierta irritación, que el ex director general no ha atendido su recomendación de que no declarase.

Guerrero, quien ha bajado en un receso del juzgado a la calle para fumar un cigarrillo, ha comentado a los periodistas: “Estamos prácticamente en lo mismo; todo es una ampliación de lo que ya había”.

A la vuelta al juzgado y preguntado sobre la petición del fiscal de que vuelva a prisión, Guerrero, irónico, ha contestado: “Contra el vicio de pedir, la virtud de no dar”.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, ha calificado esta operación en rueda de prensa de “muy especializada” y dirigida “a empresas mediadoras que ofrecían servicios para conseguir financiación a las empresas en su reestructuración”.

El consejero andaluz de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha valorado lo que ha calificado de “decisiones rápidas” de la juez de quien ha interpretado que “es consciente de la necesidad de concluir cuanto antes esta investigación que ya dura demasiado”.

En su opinión, “tiene muy buena pinta” que Alaya haya adoptado “decisiones rápidas” porque en este proceso hay “muchas personas que estaban formalmente imputadas” y, ha advertido, “sería una pena que se descubriese a los culpables y luego no se les pudiera condenar.

A su homólogo de Economía, Antonio Avila, no le ha sorprendido este “paso más en la investigación” judicial, y ha insistido en que la Junta colabora con la Justicia y ha impedido el cobro de comisiones abusivas por los intermediarios.

El portavoz del PP en el Parlamento andaluz, Carlos Rojas, ha reclamado la dimisión del presidente Griñán ante lo que ha calificado de “escándalo sin precedentes” y ha opinado que la situación en Andalucía es “insostenible” porque es “imposible” gobernar con una “agenda marcada en todo momento por la corrupción”.

IULV-CA ha mostrado su “satisfacción y confianza” por estas diligencias, según su diputado autonómico José Antonio Castro, quien confía en que Guerrero concrete “sus amenazas” de contar todo lo que sabe y contribuya “de una vez a delimitar todas esas responsabilidades, además de los beneficiarios”.

El presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, ha desvinculado esta operación de la firma del pacto para el progreso económico y social de Andalucía, suscrito hoy por los agentes sociales y por el presidente Griñán, y ha lamentado que escándalos como el de los ERE “empañan la imagen de un país, de una economía y de la gestión administrativa de los entes públicos”.