El Partido Popular ha anunciado que considera como un grave precedente el archivo por parte de la Fiscalía de las diligencias penales abierta por dos presuntos delitos de prevaricación y contra los derechos cívicos de los 464 reparos del Interventor Municipal por pagos sin consignación presupuestaria, poniendo en entredicho el trabajo que desempeñan los Interventores Municipales de los 8.000 municipios que hay en España.
La denuncia ante la fiscalía fue interpuesta después de que el alcalde de Santa Fe, Sergio Bueno, junto al resto de la Junta de Gobierno Local, realizara pagos sin consignación presupuestaria, sin ser elevados al Pleno para su aprobación mediante reconocimiento extrajudicial de créditos y sin haber suspendido la tramitación del expediente como es preceptivo y todo ello a sabiendas de la existencia de reparos por parte de la Intervención Municipal. El PP ha desvelado que los pagos de las facturas llegaron a alcanzar en una ocasión hasta 630.000 euros.
[mp3j track=”Escucha a Juan Cobo@wp-content/uploads/2013/03/cobo-pp-santa-fe.mp3″]
Como en su momento denunció el Partido Popular, durante el ejercicio 2011 se interpusieron por el interventor 464 reparos -es decir informes desfavorables- que afectaban a 9,3 millones de euros; a ello se sumó la negativa del equipo de gobierno a ofrecer a la oposición la información relativa a dichos pagos y reparos durante casi dos años, a pesar de haberlo requerido y solicitado en reiteradas ocasiones. El presidente local en Santa Fe, Juan Cobo, ha reseñado que “a parte de los 464 reparos mencionados, en 2012 se interpusieron 180, y en el presente ejercicio, hasta el 28 de febrero de 2013, se han interpuesto 115 reparos por parte del Interventor Municipal”.
Juan Cobo ha señalado que el cierre de las diligencias, “sin que se haya producido la más mínima investigación seria y profunda por parte de la fiscalía”, abre un gravísimo precedente ya que deja “prácticamente sin efecto y sentido el control interno que compete realizar a los interventores, quedando su trabajo reducido a un mero trámite administrativo, y permitiendo en la práctica a los alcaldes para que actúen al margen de la ley sin consecuencia alguna para ellos”.
En ese sentido, Cobo ha anunciado que su partido tiene intención de elevar el Decreto de archivo de la Fiscalía al Consejo Nacional de Secretarios, Interventores, y Tesoreros de Administración Local y a las Federaciones española y andaluza de Municipios y Provincia, así como al Colegio de Secretario, Interventores y Tesoreros de Granada. Según Cobo, la actuación de la Fiscalía “que ni siquiera ha solicitado la remisión de los expedientes denunciados para su estudio” ha de tener trascendencia nacional “al tratarse de una decisión sin precedentes y que va contra la jurisprudencia marcada por Tribunal Supremo que rechazó un recurso contra una sentencia de la audiencia de Guipúzcoa que condenó al alcalde y a un concejal de Andoain por pagar sendas facturas, en idénticas condiciones que Santa Fe, por importes inferiores a los 4.700 euros, cuando aquí estamos hablando de más de 630.000 euros en un solo pago entre tantos. A nuestro juicio, esa evidente disparidad de criterio, debe valorarse a nivel nacional”.
En opinión de Cobo, en un momento en que el gobierno, a través del proyecto de reforma de la administración local, prevé dar un papel preponderante a secretarios e interventores municipales y reforzar sus competencias e independencia, “la decisión de la Fiscalía viene a bendecir el gasto sin control, sin consignación presupuestaria y contrario a cualquier criterio de rigor y de cumplimiento de las normas relativas a las haciendas locales”.
Críticas contra el presidente provincial del PP
Por su parte, el portavoz del PP en la provincia, José Torrente, ha lamentado la forma de hacer política del PSOE en Santa Fe en la que el alcalde a pesar de estar imputado, reparado y 759 veces reprobado; y ahora ratificando a la concejala de Bienestar Social condenada por agredir físicamente a una vecina.
Torrente ha señalado que el empleo de los descalificativos e insultos de las declaraciones del teniente de alcalde de Santa Fe, José María Aponte, contra el presidente provincial Sebastián Pérez tras el archivo de las diligencias “muestran a un personaje que ha perdido el control, acorralado por su mala gestión y completamente enajenado, al que, por el bien del PSOE bien haría su formación política en retirarle de la primera fila”.
Por ello, José Torrente ha rechazado “de plano” las acusaciones de que el PP y su presidente provincial estén persiguiendo judicialmente al alcalde de Santa Fe. “Lo que el Partido Popular está haciendo es evitar por todos los medios que Bueno y Aponte gasten más de lo que tienen presupuestado, para evitar un grave perjuicio económico para Santa Fe”.
Torrente se ha preguntado “por qué parte tiene cogida el PSOE de Santa Fe al PSOE de la provincia con un alcalde imputado, reprobado y 759 veces reparado, y que debería estar inhabilitado para ejercer como representante público y que sin embargo desde la dirección provincial del PSOE avalan y apoyan su gestión mediante el silencio cómplice.
“El PP es partícipe del libe ejercicio político desde la pluralidad, el respeto y la divergencia y por lo tanto no nos vamos a callar ante los improperios e insultos del PSOE con el objetivo de desgastar y denostar al presidente del PP y de la Diputación provincial, Sebastián Pérez”, ha concluido José Torrente.