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El Tribunal Supremo mantiene la paralización de obras de la conducción del río Castril
El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por el Gobierno central contra la paralización cautelar de las obras para la conducción de agua del río Castril, y ha confirmado la detención de las obras y de las expropiaciones necesarias para acometerlas.
La sala Tercera del Tribunal Supremo ha desestimado los tres motivos presentados por el Gobierno central para recurrir la paralización cautelar de las obras de la conducción del río Castril, lo que confirma el auto de la Audiencia Nacional dictado en 2011.
Según el fallo, al que ha tenido acceso Efe, el Tribunal Supremo ha desestimado los tres motivos defendidos por el Gobierno central contra la paralización cautelar de las obras.
Las obras del trasvase del río Castril se aprobaron por una orden del Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2006 que autorizaba la ejecución “por emergencia” de las obras para la conducción de abastecimiento a Baza y otros municipios de la comarca desde el embalse del Portillo.
La Plataforma por la Defensa del Río Castril solicitó entonces la suspensión cautelar de las obras y logró con sus argumentos una sentencia del Tribunal Supremo para paralizar tanto las obras del trasvase como las expropiaciones necesarias para acometer las obras.
El Tribunal Supremo ha desestimado, según la sentencia de febrero de este año, los tres argumentos defendidos por el Gobierno central para continuar con las obras.
El fallo no ha compartido el motivo defendido por el Gobierno central de que todas las actuaciones pueden revertirse, al considerar que las obras de conducción de agua conllevan una “mutación del entorno” que afectaría a la flora y fauna del paraje.
El Supremo ha apuntado además que la orden ministerial que permitió el proyecto es objeto en la actualidad de una cuestión de inconstitucionalidad.
La Sala ha añadido a sus motivos para desestimar el recurso que no se ha justificado la motivación de urgencia de las obras, ya que el plazo para la ejecución del trasvase era de cinco años, a lo que ha añadido que no se conoce si las necesidades de agua persisten en la actualidad.
El fallo del Tribunal Supremo mantiene así la paralización cautelar tanto de las obras de la conducción del río Castril como de las expropiaciones, y condena al Gobierno a pagar 4.000 euros en concepto de costas.
La Plataforma por la Defensa del río Castril ha valorado la sentencia que, a su entender, evidencia la intención del Gobierno central de terminar las obras “a cualquier precio”.
Asimismo, se ha mostrado abierta a buscar soluciones alternativas para garantizar los recursos hídricos de todos los municipios de las comarcas de Baza y Huéscar.
