La Guardia Civil ha puesto a disposición judicial en calidad de imputados no detenidos, a tres personas, dos mujeres y un hombre, de entre veinticinco y treinta y un años de edad, por estafar al menos a diecisiete personas.
A los estafados les contrataron sin su conocimiento líneas de telefonía móvil por las que ahora dos compañías telefónicas les reclaman más de diez mil euros por facturas mensuales no satisfechas y por incumplir la permanencia supuestamente contratada.
Las dos mujeres imputadas trabajaban en sendos establecimientos de telefonía móvil de las localidades de Ogíjares y Granada. Estas chicas presuntamente falsificaron al menos ciento quince contratos de clientes con tarjetas prepago para conseguir teléfonos de alta gama que luego vendían al tercer imputado, que a su vez los vendía por internet.
Aunque posiblemente sean más de diecisiete las personas estafadas y aún más de ciento quince los teléfonos móviles que han conseguido de forma fraudulenta.
Los agentes estiman que los ahora imputados han podido conseguir un botín superior a los cuarenta mil euros con la venta de estos teléfonos móviles a través de internet.
Las imputadas han falsificado los contratos utilizando datos de clientes que acudieron al establecimiento de telefonía móvil de Ogíjares a contratar una tarjeta prepago para su teléfono móvil.
Con los datos de estos clientes, en primer lugar, pasaron estos móviles de la modalidad de prepago a contrato; además les contrataron las tarifas más caras para así conseguir teléfonos de alta gama, que por supuesto acababan en manos de las imputadas y no de las personas que supuestamente los habían contratado.
Luego de recibir los teléfonos, las imputadas inmediatamente volvían a falsificar otros contratos y solicitaban la portabilidad de este número de teléfono a otra compañía, consiguiendo así otros nuevos terminales de alta gama.
Estos teléfonos, por último, eran vendidos a una tercera persona, el ahora imputado, que a su vez se encargaba de venderlos a través del portal Ebay de internet.
Esta investigación se inició en el Puesto de la Guardia Civil de Armilla el pasado mes de febrero. Un vecino de esa localidad denunció que una compañía de telefonía móvil le reclamaba el pago de unas facturas por una línea de telefonía que no había contratado.
A esta denuncia siguieron otras también en Armilla y en el vecino Puesto de La Zubia, y los agentes encargados de la investigación comprobaron que todas tenían como denominador común el comercio de telefonía móvil de Ogíjares; y que todos los denunciantes habían comprado tarjetas prepago para sus teléfonos.
Y por último, la Guardia Civil averiguó que la presunta responsable de estos contratos fraudulentos era la empleada de dicho establecimiento, y que ésta a su vez estaba relacionada con otra empleada de otro establecimiento de telefonía en Granada y con el tercer imputado.
Los propietarios del establecimiento de telefonía de Ogíjares desconocían, por supuesto, las prácticas fraudulentas de su empleada, a la que, a su vez, también han denunciado. Una de las compañías de telefonía les ha retirado la licencia y además les reclama una indemnización de cuarenta mil euros por daños y perjuicios por las prácticas de su ex empleada.